Inocencia Fiscal: las pymes reclamaron al Senado un mecanismo para evitar multas y embargos
El planteo se enmarca en la reforma promovida por el Ministerio de Economía que, en principio, parece orientada a que grandes capitales puedan blanquear sus ingresos sin declarar.
En medio de la discusión sobre la denominada Ley de Inocencia Fiscal, las pymes sumaron su reclamo al Senado, a través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para que se incorporen una serie de medidas de alivio destinadas a las pequeñas y medianas empresas.
La entidad empresarial solicitó que se suspendan multas, ejecuciones fiscales y embargos mientras se tramita la modificación de la normativa impulsada por el Gobierno nacional, al tiempo que reclamó planes de pago especiales y una reducción de sanciones para quienes regularicen su situación tributaria.
El planteo se enmarca en la reforma promovida por el Ministerio de Economía que, en principio, parece orientada a que grandes capitales puedan blanquear sus ingresos sin declarar.
Mientras el Ejecutivo presenta la iniciativa como un mecanismo para simplificar la relación entre los contribuyentes y el Estado y facilitar el uso de ahorros no declarados, distintos sectores advierten que los principales beneficiarios podrían ser grandes contribuyentes con capacidad patrimonial significativa, mientras las pymes continúan enfrentando problemas de liquidez, caída de ventas y crecientes dificultades para sostener la actividad.
La entidad que representa a las pequeñas y medianas empresas decidió elevar el pedido directamente a los presidentes de todos los bloques de la Cámara alta. La solicitud llega después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que enviará una nueva versión del proyecto tras reunirse con asociaciones de contadores de todo el país, en un intento por introducir modificaciones al esquema original.
Según explicó CAME, el objetivo es evitar que durante el período de transición las empresas sean alcanzadas por sanciones que luego podrían quedar desactualizadas por los cambios normativos. En ese marco, la organización pidió la suspensión de multas, ejecuciones fiscales y embargos hasta que se defina el nuevo régimen.
«Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino», sostuvo el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.
La propuesta también incluye una reducción del 50% de las multas para aquellos contribuyentes que regularicen su situación dentro de los quince días posteriores al período de espera.
Asimismo, reclama la creación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación para deudas vencidas al 31 de mayo.
UNA REFORMA CON INTERROGANTES
La Ley de Inocencia Fiscal fue presentada por el Gobierno como parte de una estrategia más amplia para incentivar la incorporación al circuito formal de fondos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.
Entre otros aspectos, la iniciativa busca modificar criterios de fiscalización, elevar umbrales para la configuración de delitos tributarios y ampliar mecanismos simplificados de declaración de impuestos.
Desde la Casa Rosada argumentan que el objetivo es reemplazar un esquema basado en la presunción de culpabilidad por otro centrado en la simplificación y la seguridad jurídica.
En la presentación oficial del proyecto, el titular de ARCA, Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert señalaron que la iniciativa apunta a reducir cargas administrativas y brindar mayores garantías a los contribuyentes.
Sin embargo, el debate público alrededor de la medida estuvo dominado por otro aspecto: la posibilidad de que facilite la regularización de activos no declarados y genere un beneficio para sectores de mayores ingresos que poseen patrimonio fuera del sistema formal.
La reforma fue concebida en el marco del denominado plan para movilizar los «dólares del colchón», una de las apuestas económicas del Gobierno para incrementar la circulación de divisas sin recurrir a nuevas herramientas de endeudamiento.
Por su parte, las pymes sostienen que, mientras se debate cómo facilitar el ingreso de capitales al sistema, miles de pequeñas empresas continúan enfrentando obligaciones tributarias, costos financieros elevados y una demanda interna que todavía no logra recuperar los niveles previos al ajuste económico.
Las ventas minoristas acumularon un período prolongado de debilidad durante 2024 y gran parte de 2025, afectadas por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el encarecimiento del crédito y la retracción del consumo masivo.
En ese escenario, la posibilidad de enfrentar embargos o ejecuciones fiscales adquiere una dimensión distinta para una pequeña empresa que para un gran contribuyente. Una medida cautelar sobre cuentas bancarias o activos productivos puede significar la interrupción de pagos a proveedores, dificultades para afrontar salarios e incluso el cierre definitivo de establecimientos.
Por esa razón, la entidad empresarial sostiene que cualquier modificación del régimen tributario debería contemplar mecanismos diferenciados para las pequeñas y medianas firmas.
«CAME considera indispensable que el Senado atienda la solicitud, a fin de promover las condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo nacional, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible en un escenario económico de transformación», concluyeron desde la organización.