El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó este martes una serie de medidas de prueba tendientes a descifrar si el gobierno de Mauricio Macri buscó asfixiar al Grupo Indalo a través de decisiones como la de no autorizarle aumentos de tarifas en autopistas que tenía concesionadas para luego, directamente, revocarles la autorización para operarlas.

Las medidas le fueron solicitadas a la jueza María Romilda Servini en el marco del expediente en el que se investiga si el expresidente y su denominada «mesa judicial» persiguieron a los accionistas del Grupo Indalo para destruir sus empresas luego de que no aceptaran planteos como el de cambiar la línea editorial del canal de noticias C5N.

Cristóbal López y Fabian de Souza

En su denuncia, el empresario Fabián De Sousa (uno de los accionistas de Indalo) relató en 2013 habían adquirido la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas a una firma española y que tres años más tarde el entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, promovió la revocatoria de la concesión para actualizar el precio del peaje y volverla a tornar rentable.

Para desentramar esa historia, el fiscal solicitó que se le requiera a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que «se confeccione un informe identificando a las empresas concesionarias de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, desde el año 2012 a la fecha».

También pidió que «se informen todas y cada una de las resoluciones o actos administrativos por los cuales se autorizaron variaciones en los cuadros tarifarios de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, desde el 2012 a la fecha».

El fiscal solicitó además que se le requiera la DNV «que se informen todas y cada una de las resoluciones o actos administrativos relativos a reconocimientos compensatorios y/o indemnizatorios del Estado Nacional hacia las concesionarias de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, desde el año 2012 a la fecha».