Juicio por YPF: la jueza convocó de urgencia a las partes tras la apelación del Gobierno
La estadounidense Loretta Preska llamó a una reunión urgente luego de que el Estado argentino apelara el fallo que lo obligaba a entregar el 51% de su participación de la petrolera a dos fondos buitre, asegurando que no podrían hacerlo ni aunque quisieran.
La jueza estadounidense Loretta Preska convocó de urgencia al Gobierno argentino y a los dos fondos buitre involucrados en la causa por la expropiación de YPF, luego de que la gestión de Javier Milei apelara el fallo obliga a entregar su 51% de participación en la petrolera.
El pasado 30 de junio, Preska emitió un fallo en el que obligaba a Argentina a entregar sus acciones Clase D de YPF en un plazo de dos semanas a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York, a lo que el Estado argentino decidió apelar asegurando que no podrían entregar la petrolera ni aunque quisieran, porque esa operación tiene que pasar por el Congreso por ley.
Entonces, la jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York convocó a las partes a una “negociación”, según indicó el especialista y director de Latam Advisors, Sebastián Maril, a tavés de sus redes sociales.
Los fondos especulativos cuestionan la expropiación aplicada en el 2012, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y lograron que la jueza dicte un fallo en primera instancia que obligaría a la Argentina a pagar USD 16.100 millones.
Ahora, la magistrada norteamericana convocó al país y a los beneficiarios del fallo a una reunión en su corte, con el objetivo de destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el argumento de los demandantes, el cual indica que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”.
Conocido comúnmente como “alter ego”, esto se refiere a la solicitud de información de funcionarios del Gobierno actual y anterior, con el objetivo de probar que hubo injerencia política en las decisiones de la empresa.
Los fondos especulativos esperan que se confirme la intromisión del Gobierno dentro de la petrolera, para demostrar que jurídicamente el Estado e YPF serían “la misma entidad”.
Los demandantes quieren demostrar que el Estado argentino no solo es dueño de YPF, sino también de Aerolíneas Argentinas, ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima), ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y el BCRA (Banco Central), lo que podría terminar disparando más embargos.