El gobierno jujeño busca convertirse en «querellante» en la causa contra la dirigente social Milagro Sala. La líder de la Tupac Amaru está acusada de  «asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión» en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en el destino de fondos nacionales girados a cooperativas para construir viviendas sociales.

La justicia jujeña todavía debe definir si el juez Gastón Mercau sigue al frente de la investigación de las causas por asociación ilícita y  por instigación al delito que se llevan a cabo  contra la militante social, quien está detenida desde mediados de enero.

Los abogados de Milagro Sala esperan que la justicia responda esta semana al pedido de excarcelación y la presentación de la fianza por parte de la defensa, que posibilite el recurso legal.

Desde la fiscalía del estado provincial, el fiscal Mariano Miranda afirma»nos constituiremos en querellantes para aportar elementos probatorios (causa por asociación ilícita) y poder determinar quién se ha quedado con fondos públicos».

En esta investigación también fueron detenidos dirigentes de cooperativas y ex funcionarios del gobierno provincial, además de Milagro sala son 18 los imputados.

Entre ellos el ex vocal del Instituto de la Vivienda de Jujuy, Pablo Tolosa, y la ex jefa del Departamento Administrativo Contable, Marta Gutiérrez, quien aparentemente autorizaba los pagos a obras, por pedido de sus superiores.

El actual presidente del Instituto de la Vivienda de Jujuy (IVJ) y hermano del gobernador Gerardo Morales, Walter Morales, sostiene la veracidad de las acusaciones sobre las irregularidades de las maniobras, al señalar que «no es que tenemos sospechas, estamos convencidos de que fue así».

«Entregamos las pruebas a la justicia y son irrefutables» dijo el hermano del gobernador Morales.

Por su parte el fiscal Miranda afirmó que «algunos cooperativistas fueron obligados a endosar los cheques por distintos montos  para que los supuestos integrantes de la asociación ilícita pudieran quedarse con el dinero».  «A veces usaban una institución ajena a la Tupac Amaru para poder transferir los dineros», resaltó.

El fiscal indicó que el delito penal de asociación ilícita considera como «pena máxima diez años de prisión», explico que  «si recayera sobre ellos una condena y se suma con otras causas, la condena implicaría cumplimiento efectivo».

Los fiscales intentaran determinar el destino de unos 30 millones de pesos que el Instituto de Vivienda de Jujuy había derivado a cuatro cooperativas relacionadas a la Red de Organizaciones Sociales.