mié 29.06.22
mié 29.06.22
La principal referente de la organización Social Tupac Amaru, Milagro Sala, permanecía internada “estable” en una sala de terapia intermedia de una clínica de la capital jujeña, y su defensa denunció “hostigamiento” por parte del personal policial que la custodia.
Tras la reunión entre los ministros Eduardo “Wado” de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta con la referente del movimiento Tupac Amaru, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, salió al cruce y objetó: “Es inaceptable que los funcionarios que representan a todos los argentinos defiendan delincuentes condenados por corrupción”.
Lo afirmó el abogado penalista José Manuel Ubeira, quien también expresó que Argentina vive un Estado de derecho en sentido formal y no material. Además, marcó que el oficialismo está en deuda con las reformas judiciales que prometió en campaña.
El Presidente descartó de plano algún tipo de acuerdo con Gerardo Morales para que adopte una postura favorable en relación a las negociaciones con el FMI a cambio de no intervenir en la situación de la dirigente de la Túpac Amaru. "Todas las veces que he visto al gobernador se lo he dicho con el respeto y con el cuidado que merece el tema"
Tras la marcha que hicieron esta semana movimientos sociales en la Plaza de Mayo para pedir por su liberación, Sala se autodenominó como la dirigente que “representa a todos los presos políticos del país”.
Así lo confirmó el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini, quien apuntó que la protesta está dirigida "a todos los poderes del Estado para que cese la detención arbitraria de compañeros y compañeras perseguidos por el macrismo".
En una carta titulada "Por una democracia sin presas y presos políticos", denuncian que la "persecución política, judicial y mediática a la que es sometida" tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
La líder de la Tupac Amaru cumple condena desde enero de 2016 por la causa "Pibes villeros", en la que fue condenada por el delito de asociación ilícita a 13 años de prisión por la malversación de 29 millones de pesos en el programa "Mejor vivir 2".
Había sido condenada a 4 años de prisión por lesiones graves contra un referente social. “Decíamos que esta persecución era totalmente inconstitucional, ilegal e ilegítima”, afirmó uno de sus abogados.
Presos políticos de diferentes partes del mundo enciaron una carta a la ONU denunciando la situación de las cácerles en medio de la pandemia del coronavirus.
La propuesta presentada por el senador jujeño del Frente de Todos, Guillermo Snopek, será debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales que funcionará a partir de las 17.30. Primero abordarán el proyecto que trata sobre la conformación de “capitales alternas” del país.
El gobernador de Jujuy dijo que tomar esa decisión resulta “imposible” para él. Aseguró que la dirigente social “tiene cuatro causas que ya tienen condena, que tienen que ver con la violencia y la corrupción”.