La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland ordenó al Gobierno que deje sin efecto el decreto de necesidad y urgencia por medio del cual regula la transferencia a las provincias del 15 por ciento de los fondos de coparticipación, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión de la jueza surgió a partir de una cautelar a favor de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República.
«El DNU cuestionado no explica las únicas y excepcionales circunstancias que autorizan su especialísimo dictado, lo que prima facie, contrasta con lo prescripto por los arts. 109, 99 y 75 de la Constitución Nacional», manifesto la jueza Heiland.
Según Heiland «la sola emisión y publicación del DNU, podría consolidar efectos jurídicos de por sí. Es que, aún en el supuesto de su posterior rechazo por el Honorable Congreso de la Nación quedarían ´… a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia´».
De esta manera, Heiland dicta una medida cautelar interina por la cual le ordenó al Gobierno que «suspenda la ejecución del DNU 2635/15». También le solicitó que en cinco días presente un informe contestando la demanda.
