La causa judicial por el préstamo del FMI durante el macrismo quedó al borde del cierre

La investigación judicial sobre el préstamo de US$57.100 millones que la Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 quedó sin recursos pendientes ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La Sala IV del máximo tribunal penal del país tuvo por desistida la impugnación del fiscal ante esa instancia, Raúl Plée, y rechazó la queja presentada por el empresario Antonio Conrado De Martino.

Los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky adoptaron la decisión luego de que Pleé dictaminara no continuar con el recurso presentado por sus pares de las instancias inferiores para intentar revertir el cierre del expediente.

La investigación había sido archivada el 2 de febrero de 2026 por el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti, una decisión que la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el 4 de septiembre.

El expediente, iniciado en 2019, buscaba establecer si durante la negociación, la firma y la ejecución del acuerdo con el organismo internacional se habían cometido delitos contra la administración pública.

Entre los funcionarios investigados figuran el ex presidente Mauricio Macri; el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; Luis Caputo, quien se desempeñaba como secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central, y Federico Sturzenegger, que también estuvo al frente de esa entidad. La investigación alcanzó, además, a otros funcionarios del Banco Central vinculados con las decisiones de política monetaria.

EL DICTAMEN DEL FISCAL PLÉE Y EL DESCARTE DE LAS HIPÓTESIS COLECTIVAS

La hipótesis de la denuncia apuntaba a determinar si el endeudamiento había permitido sostener la salida de divisas hacia el exterior en perjuicio de las arcas públicas y si los funcionarios involucrados habían obtenido beneficios económicos indebidos para sí mismos o para terceros.

Entre las figuras penales examinadas estuvieron el abuso de autoridad, la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y la malversación de caudales públicos.

El dictamen de Pleé fue determinante para dejar el expediente más cerca de su cierre, pues consideró que, después de más de cinco años de investigación, «no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado».

En ese marco, el fiscal sostuvo que las objeciones de la acusación no lograban demostrar qué diligencias específicas debían realizarse para modificar las conclusiones de los tribunales que habían dispuesto y confirmado el archivo.

Asimismo, cuestionó que los planteos sobre el destino de los fondos no identificaran una infracción concreta en su aplicación, sino que expresaran una discrepancia general con la política económica adoptada.

Su colega de primera instancia, Franco Picardi, había cuestionado el cierre de la investigación por considerar que todavía quedaban aspectos por esclarecer, entre ellos la trazabilidad de los desembolsos y el recorrido de las divisas.

Sin embargo, Pleé entendió que esos cuestionamientos no estaban acompañados por una propuesta precisa de medidas probatorias que justificara prolongar el expediente.

EL RECHAZO A LA PRESENTACIÓN DEL EMPRESARIO DE MARTINO

El empresario De Martino, que había adherido a la impugnación del Ministerio Público, intentó mantener abierta la discusión mediante una presentación propia. Los jueces rechazaron esa vía, pues a su criterio no había interpuesto un recurso autónomo y su intervención dependía de una impugnación fiscal que ya no seguía adelante.

Hornos, Borinsky y Carbajo también señalaron que De Martino no había sido constituido como querellante ni acreditado un perjuicio directo y personal derivado de los hechos investigados. Por ese motivo, consideró que su condición de ciudadano y contribuyente no le otorgaba legitimación suficiente para adherir al recurso ajeno.

Además, Casación rechazó los pedidos de recusación contra los tres camaristas y los planteos dirigidos contra los fiscales ante ese tribunal, Raúl Pleé, y ante la Cámara Federal Porteña, José Luis Agüero Iturbe, así como la solicitud de nulidad del dictamen fiscal.

Los magistrados entendieron que las presentaciones no aportaban elementos objetivos que permitieran poner en duda la imparcialidad de los jueces ni demostraban defectos concretos que invalidaran la actuación del Ministerio Público.

Finalmente, Casación le llamó la atención a De Martino y a su abogado Nicolás Roberto Corbetto Norese, por expresiones que el tribunal consideró incompatibles con el respeto y el decoro exigibles en las actuaciones judiciales, y ordenó dar intervención al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que evalúe la conducta profesional del letrado.