La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinará las violaciones a los derechos humanos laborales en Argentina bajo la administración de Mauricio Macri.

La evaluación se efectuará en una audiencia pública a realizarse el próximo 24 de octubre en Montevideo y fue motivada por una presentación de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), apoyados por las dos CTA, la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio y organizaciones sindicales y de derechos humanos.

En dicha audiencia se expondrán denuncias contra el Estado Argentino por el ataque a abogados laboralistas, a la Justicia laboral y a Sindicatos. Se celebrará en el Palacio Legislativo de Montevideo.

Al momento de efectuar la solicitud, la AAL había denunciado que el gobierno buscaba “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del poder judicial, especialmente la Justicia Nacional del Trabajo” y enfatizó que se trataba de maniobras que “encubren el objetivo de alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”.

Los señalamientos al gobierno incluyen, entre otras cosas, los pedidos de juicio político de cinco jueces laborales por sus dictamenes, los ataques a abogados laboralistas como forma de obstaculizar el acceso a la justicia, las intervenciones a sindicatos, la criminalización de la protesta.