La Comisión de Seguimiento del Caso Vicentin presentó este martes su cuarto informe, donde describe las audiencias efectuadas durante este 2021 ante los diferentes actores del conflicto y detalla los documentos contables y judiciales a los que tuvo acceso. Sus participantes pidieron una reunión con el presidente Alberto Fernández, pero aun no fueron atendidos. Aseguran que el tiempo para encontrar un desenlace fructífero es cada vez menos, por lo que exigen un mayor compromiso de los Ejecutivos.

El cuarto informe del cuerpo legislativo comienza ratificando los objetivos planteados al momento de su creación como ámbito de seguimiento: defensa de las fuentes de trabajo, presencia nacional en el negocio de la exportación de cereales y conocimiento de dónde está el dinero del Estado argentino.

La Comisión de Seguimiento del Caso Vicentin es actualmente el único espacio de participación política plural que continúa con el análisis constante de la actividad relacionada al grupo y sus consecuencias en la realidad social y económica de Santa Fe y el país. El cuerpo está integrado por legisladores de todos los bloques con representación en la Legislatura santafesina y sus informes están respaldados por documentación recolectada a partir del trabajo de la Comisión.

«En este informe constan las audiencias que fuimos teniendo. Comenzaron en marzo de este año y finalizaron recientemente en agosto y septiembre. Son hechos objetivos que tienen respaldo documental de acuerdo a lo que fue siendo recabado», contó el diputado provincial del PJ, Luis Rubeo, ante Conclusión.

El grupo de legisladores cuentan en su escrito las reuniones que mantuvieron en primera instancia con trabajadores de las diferentes actividades relacionadas al conflicto, como los aceiteros y los textiles. Cada uno fue planteando sus diferentes problemáticas. También narran en el documento el encuentro con el juez Fabián Lorenzini, donde le pidieron explicaciones por la prórroga hasta el 16 de diciembre del plazo para que Vicentin presente una propuesta de pago a sus acreedores. Al magistrado también le plantearon la consulta de por qué decidió pesificar parte de la deuda del grupo. La respuesta fue que todo procesamiento se realizó en cumplimiento de las reglas concursales.

«Son procedimientos que ha venido cumpliendo religiosamente y desde nuestro punto de vista mayoritario representa un accionar bastante laxo, beneficiando de alguna manera al grupo que administra la empresa», cuestionó Rubeo.

La Comisión incluyó en el escrito presentado este martes el informe que llevan adelante los veedores de la auditoría forense. Allí se marca potencialmente que pudo haber habido un falseamiento de datos sistemático por parte de la empresa. Sostienen que una firma que venía teniendo una actividad exitosa, con balances positivos hasta 2018, difícilmente pueda ingresar a partir del año siguiente en una situación de absoluto quebranto, con cesación de pagos incluida.

Parte de los integrantes de la Comisión.

Asimismo se incluye el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde plantea la necesidad de retrotraer todos los tipos de venta que fueron llevados adelante, como los casos de Friar o Renova a manos del Grupo Glencore. El organismo entiende que esas operaciones no pueden ser escindidas de la situación general de la firma Vicentin.

«El informe incluye además la presentación y la audiencia que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires con los directivos del Banco Nación. Había en ese momento una situación en la que parecía que el Banco de alguna manera respaldaba el pedido de quita que el directorio había hecho para poder llevar adelante el pago a los acreedores. Eso fue absolutamente desmentido por su presidente. Nos dijo efectivamente que esto no era cierto y que ellos querían llegar al fondo de la cuestión para cobrar los 300 millones de dólares que el grupo le debía al Banco Nación y, por ende, a cada uno de nosotros», amplió el diputado justicialista.

En esa oportunidad, aprovechando la presencia de la mayoría de los legisladores de la Comisión, cruzaron a Casa de Gobierno y llevaron adelante un pedido de audiencia al presidente Alberto Fernández. «Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta», contó el legislador del PJ.

Además, el documento de la Comisión de Seguimiento tiene la resolución tomada por la Cámara Federal de Resistencia, donde avala el pedido de embargo por más de 100 millones de pesos y la inhibición de bienes a una parte de los directivos por facturas apócrifas.

«El Caso Vicentin de las problemáticas más importantes que vienen llevándose adelante en el país y, por lo que estamos viendo, puede tener un desenlace poco feliz», advirtió Rubeo.

Y alertó: «Está faltando una mayor presencia de los Ejecutivos, tanto a nivel provincial como nacional. Si no encontramos una salida que incluya a todos los actores y cuente con una nueva figura de administración, va a ser muy difíciles que lleguemos a una situación favorable. La fecha es clara: 16 de diciembre. No está tan lejos».

Por su parte, el diputado provincial por el Frente Social y Popular-Ciudad Futura, Carlos del Frade, recordó ante Conclusión que en el plano judicial el fiscal Miguel Moreno «acaba de presentar un escrito de casi 100 páginas con pruebas para detener» a integrantes del directorio, ya que «efectivamente se comprueba que fueron la parte privada del sector privado que funcionó al servicio de un Estado colonizado con la idea de llevarse dinero del pueblo argentino, del Banco Nación, a guaridas fiscales».

Las expectativas en torno al desenlace de la causa que tiene en el banquillo a los integrantes del Grupo Vicentin son altas y podrían marcar un punto de inflexión. «Ojalá que por primera vez veamos ir preso a un grupo de delincuentes de guante blanco», se esperanzó del Frade.