La Corte Suprema definirá el destino de la Ley de Financiamiento Universitario
Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz tienen que resolver la situación de un amparo concedido a los rectores universitarios, confirmado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que insta al Gobierno a aplicar la normativa que aprobó el Congreso.
El expediente judicial que definirá la suerte de la Ley de Financiamiento Universitario ingresó esta semana a la Corte Suprema de Justicia y los integrantes del máximo tribunal deberán decidir si obligan al presidente Javier Milei a cumplir con la normativa aprobada por el Congreso.
Los ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, tienen que resolver la situación de un amparo concedido a los rectores universitarios, confirmado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que insta al Gobierno a aplicar la ley en los puntos referidos a salarios del personal universitario y montos de becas estudiantiles.
El máximo tribunal aportará de esta manera una definición clave sobre una disputa que tiene al Poder Ejecutivo sin querer reasignar partidas para hacerse cargo del deterioro económico que generó la escalada inflacionaria y la ola de recortes que efectuaron desde la Casa Rosada.
De izquierda a derecha: Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz, quienes definirán sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
Hasta el momento, el Consejo Interuniversitario Nacional cosechó fallos favorables en primera y segunda instancia, pero la administración de Javier Milei siguió en la negativa y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la ejecución de la ley.
La Casa Rosada se mantiene firme en el argumento que sostiene que aplicar la medida afectaría el equilibrio fiscal por la cantidad de recursos que demandaría. No obstante, no tiene inconvenientes en dejar de recaudar de los sectores más beneficiados por el modelo económico.
Cabe tener en cuenta que, con el expediente ya elevado, la Corte puede rechazar el recurso sin tratar la cuestión de fondo o avanzar hacia una sentencia definitiva. Si decide desestimar la apelación oficial quedará firme la resolución que obliga al Gobierno a transferir los fondos que reclaman las universidades.
La comunidad universitaria viene denunciando desde hace más de un año la asfixia que produce el Gobierno sobre el sistema educativo al no acompañar presupuestariamente la escalada de la inflación.