Enviado especial a Buenos Aires – El diputado nacional de Mendoza, Guillermo Carmona, cargó en el parlamento contra el Tratado de Libre Comercio con Chile, que fue avalado en la última sesión del Período Extraordinario por el Interbloque Cambiemos y los diputados de Argentina Federal (peronistas racionales), por entender que este tipo de acuerdos “no solo son comerciales sino que se propone como objetivo la desregulación económica y es para las multinacionales».

El legislador sostuvo en diálogo con Conclusión que «los grandes beneficiarios de este tipo de acuerdos son las corporaciones transnacionales, que apuntan a desregular sectores estratégicos como las contrataciones públicas, patentes, servicios públicos, es decir en ámbitos en los que la injerencia del Estado es importante».

A pesar del traspié de la Alianza Cambiemos en la primera sesión del Período Extraordinario, finalmente, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Protocolo Adicional N°61 entre la Argentina y Chile, que ya tenía media sanción en el Senado.

A pesar de los fundados cuestionamientos, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser, impulsó a través de su cuenta de Twitter, la idea que el nuevo acuerdo comercial con Chile brindará “mayor capacidad regulatoria al Estado y fomentará la llegada de capitales productivos” a nuestro país.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cornelia Schmidt-Liermann (PRO-Ciudad de Buenos Aires), llamó a “demostrar al mundo que no solo tenemos riquezas, sino que también compartimos valores” con una nación hermana como Chile.

A pesar de estas afirmaciones, el legislador cuyano refirió «que estos acuerdos no son redactados por los abogados de los estados nacionales, y mucho menos las respectivas cancillerías, sino que se trata de instrumentos premoldeados por los estudios que posee o contratan las transnacionales económicas».

Carmona condenó que lo que se aprobó en el Congreso, «fue a espaldas de los sectores productivos nacionales, y además tampoco existió una política seria para estudiar el impacto económico que ocasionará a la economía del país».

Para dar una noción sobre el perjuicio que ocasiona este tipo de instrumentos, el diputado mendocino mencionó que “ya rige el arancel cero; el problema es que este no es un acuerdo de comercio. Estamos advirtiendo que sí existen impacto económico, lo hemos señalado en forma especial en relación con la cuestión de las compras públicas”.

El parlamentario, no omitió decir en su intervención en el recinto que -a pesar de que fue aprobado- ningún legislador pudo haber leído la cuantiosa cantidad de páginas del proyecto que fue recibido pocas horas antes de ser tratado.

En el mismo sentido, el ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, reveló que «no se dio en el proceso de negociación, ninguna información, ni participación al Congreso nacional”.

Guillermo Carmona, indicó que para que «la integración sea realmente en favor de nuestros pueblos y economías nacionales es importante que los actores reales de ambos pueblos participen en las discusiones de estos acuerdos de manera concreta y representativa».

Cancillería

Para la Cancillería, el Protocolo N°61 constituye “una nueva etapa del proceso de integración económica entre Argentina y Chile”, que comenzó en 1995, y alcanzó el libre comercio en 2014. De esta forma complementa una serie de entendimientos vigentes, como el Acuerdo de Complementación Económica 35 Mercosur-Chile (ACE 35) y el Acuerdo para Evitar la Doble Tributación (en vigencia desde octubre de 2016), se detalla más adelante.

“El tratado refuerza el vínculo estratégico existente entre ambos países”, informa la Cancillería antes de enumerar los motivos:

Chile es el cuarto destino de las exportaciones argentinas (US 2.621 millones el anio pasado)

Es el tercer destino para las ventas de las pymes al exterior

Es un comprador importante de manufacturas industriales y agropecuarias nacionales (el 75% de los envíos al país trasandino).

Es el quinto inversor extranjero en Argentina con un stock de IED de US$4.000 millones (2016), radicado principalmente en la industria manufacturera, comercio, transporte y minería.

Por último, desde el Palacio San Martín destacaron que mediante este nuevo instrumento no sólo se promueve la profundización y ampliación del intercambio de la Argentina con Chile, sino que se cumple un paso importante en el objetivo de estrechar los vínculos con los países de la Alianza del Pacífico.