La Justicia realizó una medida de aseguramiento de pruebas sobre Rosario Bus, en el marco de una disputa entre integrantes de la misma sociedad.
En ese sentido, el concejal Eduardo Toniolli ha solicitado un pedido de informe al Ente de la Movilidad para que se esclarezca si este proceso judicial podría afectar la prestación del servicio.
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“Nos encontramos con que la empresa Rosario Bus fue objeto de una medida de aseguramiento de pruebas”, comenzó el edil justicialista y aclaró: “Para que se entienda, lo que en la justicia penal es un allanamiento en la justicia civil es una medida de estas características. Es decir que se apersonaron funcionarios judiciales para, en el marco de una disputa entre integrantes de la sociedad, una sociedad familiar, dos hermanos por un lado y dos por otro, asegurarse información”.
La preocupación radica en que lo que “a priori pareciera ser una disputa en el marco de una empresa, y entre particulares, al estar hablando de un servicio público concedido, entendemos que la Municipalidad debería dar cuenta al Concejo sobre las posibles implicancias sobre el servicio”.
Además dijo que van a solicitar la realización de una auditoría sobre Rosario Bus, en cumplimiento de las potestades que el pliego de concesión del transporte urbano de pasajeros le asigna al Ente de la Movilidad.
“Esperamos que se pueda avanzar en lo que el pliego vigente permite, que es la realización de una auditoría, para saber cuál es el estado de esta sociedad y qué consecuencias puede tener sobre la prestación del servicio”, explicó.
Mapa interactivo
“El mapa interactivo es algo que ya existe hace tiempo y permite hoy, al Ente de la Movilidad, y a las empresas del sector tanto públicas como privadas, saber las 24 horas y los 365 días del año, donde están circulando cada una de las unidades de colectivos de la ciudad”, expresó Toniolli.
Luego consideró que “es un mecanismo de control social para la población, para las autoridades políticas, para saber si efectivamente lo que se acuerda en los pliegos se cumple en la calle”.
“Por qué demoró tanto este proyecto de 2016”, se preguntó indignado. Y al toque destacó: “Porque ni al Estado ni a las empresas privadas les gusta que les cuenten las costillas y que la población pueda tener en sus manos un control sobre la prestación de este servicio”.
