La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, trabaja actualmente con un nutrido equipo de personas provenientes de distintos sectores para terminar de definir el proyecto de reforma laboral que aplicaría en caso de llegar a la Casa Rosada.
En entrevistas recientes, la postulante a la Presidencia detalló algunas líneas del programa económico que aplicaría al arribar al Gobierno y puso central énfasis en la idea de fijar límites a las indemnizaciones y estructurar un sistema en el que los beneficiarios de planes sociales realicen aportes similares a los del personal doméstico.
«Lo primero que haría es sacar la incompatibilidad entre los planes sociales y el empleo, pero generando un seguro de desempleo. La persona tiene que tener conciencia de que ese plan no es un salario o un derecho de por vida, sino algo que la sociedad le dio por un determinado tiempo para que se prepare. Esto es muy importante porque se irá generando una transición, llegaría el momento en el que el plan terminaría, pero sería como un seguro de desempleo», indicó la precandidata a presidenta del PRO durante una entrevista con Santiago Siri, referente del mundo de las criptomonedas en la Argentina.
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«Pondríamos para las personas que tienen un plan social un sistema como el que tienen hoy la jardinería y el servicio doméstico, con una cuota muy pequeña de aporte que igual permite que trabajen en la formalidad. Eso haría que el costo laboral sea mucho más económico para los empresarios y empleadores, que también están tomando el riesgo de formarlas en la habilidad de volver a trabajar, levantarse temprano y llegar a horario», añadió.
De esta manera, en el equipo de Bullrich buscan trasladar dos millones de personas excluidas al trabajo registrado y contener a los ocho millones de trabajadores de la economía popular.
El farmacéutico Marcelo Peretta, que está al frente de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE) -donde están nucleados los gremios que respaldan a Bullrich-, sostuvo ante La Política Online que «esos ocho millones se le escaparon a los Daer de la vida y por eso hoy los candidatos a presidente, a diputados y a intendentes son (el referente del Frente Patria Grande, Juan) Grabois y el Evita mientras la CGT no tiene nada».
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La propia precandidata a presidenta expuso otro de los puntos de la reforma laboral que implementaría desde Casa Rosada: un tope para las indemnizaciones, ya que «hoy no es razonable» lo que se paga. Así lo afirmó tres semanas en un congreso de la Amcham -aunque no fue la primera vez que manifestó estos conceptos-. Cerca de la exministra de Seguridad estiman que la idea se la acercó el presidente de Idesa, Jorge «Pierluigi» Colina.
Algunos días después, en el examen rendido por los precandidatos presidenciales ante La Rural, la dirigente del PRO moderó sus planteos y se refirió a un topo de seis años. «Como tiene Uruguay», ejemplificó.
El equipo dedicado al área laboral que rodea a Bullrich tiene como máximo referente al exministro de Producción y Trabajo durante la presidencia de Mauricio Macri, Dante Sica, quien a la vez escucha iniciativas de exfuncionarios de Jorge Triaca como Horacio Pitrau y Omar Yasin.
Otros nombres que figuran dentro de ese equipo de trabajo son los de Ricardo López Murphy -a quien le valoran algunas ideas y leyes presentadas en el Congreso relacionadas con el empleo- y Federico Belleze. El anteriormente nombrado Peretta también dice presente y afirma que deben actualizarse los convenios colectivos de trabajo para que pasen de 1975 a 2025. «Eso no es perder derechos, sino ampliarlos; hace 45 años que están extendidos los convenios que defiende Daer», indicó ante LPO.
A la vez, afirmó que «no se va a perseguir a los sindicatos, (pero) se van a tener que modernizar, los convenios del 75 tienen categorías perimidas como la del revelador de fotos». En esa línea, además dijo que la reforma se haría «sin Gestapo ni Banelco».
La afirmación estuvo asociada a la ley Banelco que impulsó el ministro de ministro de Trabajo de Fernando de la Rúa, Alberto Flamarique -lugar que después ocupó Bullrich-, apuntado por Moyano por supuestamente sobornar a los legisladores peronistas para aprobar la flexibilización laboral.
