Hace poco más de 15 días el presidente Mauricio Macri anunció que Argentina volvería a solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de una corrida cambiaria que parecía imparable y minaba la imagen de su Gobierno, en caída desde hace semanas.
Con ese anuncio, el mandatario abrió una nueva etapa de la traumática historia argentina con ese organismo internacional, y activó, en la memoria colectiva de muchos ciudadanos, temores e incertidumbre.
Dichas sensaciones negativas están más que fundadas, si uno analiza la historia previa. Por no ir más lejos, la mayor crisis en la historia del país, consumada en 2001, fue desencadenada por el FMI.
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Pero la preocupación, más allá de todo hecho pretérito, pasa por las condiciones que en el futuro inmediato imponga la institución presidida por Christine Lagarde para liberar los dólares providenciales que financien nuestro déficit externo.
Entre las recomendaciones que “este nuevo FMI” hizo al gobierno argentino en su última visita, a fines de 2017, incluyó, por ejemplo, “simplificar los procedimientos de los despidos colectivos» y «disminuir el nivel de las indemnizaciones».
Sugirió también reducir el empleo público para bajar el déficit fiscal y hasta instó a ampliar la cobertura del impuesto a las ganancias . Señaló que al salario mínimo, al que identificó como una referencia para el sector informal, sería conveniente indexarlo a la inflación para fomentar el ingreso al trabajo formal.
De prosperar esta medida, desaparecería el Consejo del Salario, que fija el aumento anual del sueldo básico y en el que participan el Estado, los gremios y los empresarios.
¿Vienen por todo?
Para dilucidar el panorama sobre estas medidas que se puede venir, algunas de las cuales ya se incluyen en proyectos elevados por el oficialismo al Congreso, Conclusión consultó a Jorge Elizondo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, quien afirmó que “buscarán la destrucción de la clase trabajadora como fuerza colectiva”.
“El FMI apunta contra los convenios colectivos por actividad, son inaceptables para ellos. Auspician que no tengan eficacia normativa (es decir que cada convenio es ley) respecto a toda una actividad, categoría, espacio colectivo. Ellos quieren descolectivizar , fragmentar, individualizar todo lo posible a la clase trabajadora”, agregó el letrado.
Jorge Elizondo, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario.
En la visión de Elizondo, “el objetivo político es más inmediato que el económico. Si, hay empobrecimiento, desocupación, reducción salarial vía devaluación e inflación, pero esto es una de las consecuencias, otra de más largo alcance es quebrar a la clase trabajadora, sus organizaciones, reducir la tasa de sindicalización que tenemos”.
“Transformar a la clase trabajadora en la suma de objetos individuales, desterrar cualquier idea de solidaridad, a todo eso conducen estas recomendaciones, es lo que se ha aplicado en todos los países que se supeditaron al Fondo”, explicó el laboralista.
En Argentina la tasa de sindicalización ronda el 37%, un número alto en la comparativa con la región. Quienes más se acercan son Brasil (33% aproximadamente) o Uruguay con una cifra cercana a la nuestra.
Para el titular la AAL local, tanto el FMI como el Gobierno pretenden el “debilitamiento de sindicatos, que sean como ligas de templanza, estilo Chile, donde desde Pinochet han ido desapareciendo, no tienen peso ni los mineros, en México ni hablemos”.
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Sobre el proyecto de reforma laboral (dividido en al menos tres partes) que espera tratamiento en el Congreso, Elizondo aseguró que “se guardan lo mejor para el final”.
“Impulsan la creación del trabajador autónomo dependiente, en línea con lo que pretende el FMI. Sumar facilidades para despedir, aparece también el fondo de cese, una especie de fondo de desempleo. Todo apunta a agravar la situación de la clase trabajadora”, sostuvo.
Tiempos modernos
Por otra parte, Elizondo se refirió a la necesidad, expresada en la negociación del año pasado entre el Gobierno y la CGT, de “modernizar” ciertos aspectos que rigen lo laboral y son discusión global.
“Lo que tiene que ver con el avance tecnológico no va en oposición con intereses de la clase trabajadora, todo lo contrario, de ninguna manera la excluye” sentenció el laboralista.
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Y añadió: “Cuando hablan de modernizar convenios colectivos, hablan de flexibilización, de alargar jornadas de trabajo, de posibilitar que el empleador haga uso y abuso de sus facultades, que el trabajador sea un elemento más de la empresa y se pueda desechar”.
Por último, Elizondo ponderó la recomendación del FMI respecto a la indexación del salario mínimo con la inflación, lo que representaría la virtual desaparición del Consejo del Salario, institución tripartita en la que se fija, entre otras cosas, el valor mínimo que deben recibir los trabajadores formales.
“El objetivo acá es que cada vez el salario sea menos, porque eso disminuye el ‘costo laboral’ y maximiza ganancias. No hablan de incorporar tecnología para que el trabajador sea más productivo, sino que quieren que trabaje sábado y domingo, más horas, todo lo contrario a lo que hacen países avanzados”, puntualizó el abogado.
“Quedamos congelados en una ley de 1929, las 8 horas diarias y 48 semanales, por las cuales murieron los mártires de Chicago. En 1930 ya en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se establecían las 40 horas. En Europa se discute la reducción de la jornada y acá se discute aumentarla: un disparate”, cerró.
