Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, asistió al Salón Azul del Senado para exponer ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por Pedro Guastavino (FpV-PJ), y solicitó a los senadores presentes que reformen cuatro puntos del proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria que trató y aprobó la Cámara de Diputados tras intensa discusión y sugirió restablecer el artículo 37 que versa sobre los acuerdos administrativos de colaboración.

La postura de la funcionaria se dio en el marco de un cuarto intermedio, precedido por el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando el Senado aún no contaba la remisión del proyecto que con media sanción aprobaron los legisladores de la Cámara baja.

Tras la exposición, la titular de la Oficina Anticorrupción dijo que «se trata de una ley muy importante que la Argentina necesita para prevenir la corrupción empresaria, pero también para generar mecanismos de colaboración y de arrepentimiento que facilite a las empresas que participaron en estos hechos colaboren con la Justicia para dar información acerca de quiénes son o han sido los funcionarios públicos involucrados».

Consultada sobre si bregaba para que el Senado recupere los criterios del proyecto presentado en primera instancia por el Ejecutivo, Alonso respondió que «hay puntos que son importantes y debemos insistir y están vinculados a la iniciativa remitida por el presidente, como ser el artículo 1, la reforma de otros articulaos del codigo Procesal Penal y también la incorporacion del articulo 37″.

Y añadió: «Será para permitir que empresas que en el pasado participaron en casos de corrupción, tengan un canal institucional novedoso e innovador, les permita traer información sobre funcionarios o miembros de las empresas que estuvieron involucrado en actos de corrupción, sin que esto implique detener ninguno de los procesos penales en contra de las personas físicas».

Acerca de cómo se compatibiliza un acto administrativo con la ley penal, la funcionaria dijo que «la ley que pretendemos aprobar regirá a partir del día de su sanción, lo que se pregunta el Ejecutivo es si podemos generar mecanismos de cooperación donde empresas que participaron en actos de corrupción en el pasado y que tienen información sobre coimas puedan aportar elementos que facilite avanzar las causas judiciales que ya están en curso».

«Buscamos un régimen penal para personas jurídicas, que una vez que se apruebe la ley prevenga la corrupción y que pida la colaboración empresarial, para atacarla y que genere una ética diferente en las personas jurídicas», afirmó. Y agregó: «Esto permitirá que la sociedad argentina que hoy demanda saber quienes fueron los corruptos puedan a través de acuerdos administrativos proveer a las empresas un canal institucional».

 

Preguntada por Conclusión si el proyecto afectará a las pymes, la titular de la Oficina Anticorrupción manifestó que «no se busca quebrar a las pymes, todo lo contrario, nos proponemos mejorar el clima y la ética de negocios en nuestro país», y abundó diciendo que «cuando una empresa quiere participar de un negocio que puede ser una contratación o una licitación del Estado lo puedo hacer en un contexto de mayor transparencia».

Sobre la modalidad que utiliza Brasil de realizar acuerdo entre la Justicia y las empresas corruptas sin intervención del Ejecutivo, Alonso planteó que «es una discusión de la que tendrán que participar los senadores, no estamos cerrados a ese tipo de solución», y esbozó que «de ser así, sería un acuerdo público y abierto, donde el acuerdo administrativo que puede tener una empresa estaría reflejado en el expediente judicial de la causa en curso, Cristina nunca propuso esto porque era parte de la corrupción».

En el inicio de la exposición, Alonso afirmó: “Esta es una ley anticorrupción que busca fomentar un cambio en las conductas empresariales y promover la cooperación entre el sector público y el privado para la detección, la investigación y la sanción de la corrupción”.

El artículo 37 del proyecto, incorporado a último momento en Comisiones por presión de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), originaba un acuerdo administrativo para los empresarios acusados de hechos ilícitos, con intervención de la procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Sin embargo, todo sucedió tras la resistencia de los legisladores de la Alianza Cambiemos a permitir un principio de retroactividad para las penas y así sentar en el banquillo a los brasileños. Pero la oposición decidió eliminarlo, por considerarlo «inconstitucional».

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