La Oficina Anticorrupción (OA) se vio nuevamente envuelta en suspicacias y controversia, a raíz de la negativa de su titular, Laura Alonso, para que la Auditoría General de la Nación (AGN) pueda auditar al organismo, lo que podría desembocar en que sea declarada «en rebeldía».
“De no recibirse o no permitirse acceso a la información en un plazo no menor (sic) a diez días corridos, la AGN procederá a iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales”, dice el ultimátum firmado por los siete auditores generales, incluidos los oficialistas Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva y el presidente de la Auditoria, el peronista Oscar Lamberto (PJ).
El programa de controles elaborado por la AGN a mediados de 2018, estipulaba realizar una auditoría de la OA, ya que ésta sólo había sido examinada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que emitió cuatro informes de auditoría interna.
Alonso no sólo no se mostró dispuesta a colaborar sino que cuestionó la decisión de la AGN y pidió precisiones respecto a los “los objetivos, el alcance del trabajo, los criterios y procedimientos que se van ejecutar y los resultados que se esperan alcanzar con la auditoría”.
En tanto, desde la Auditoría adjudican la necesidad del examen a que la información entregada por la funcionaria, nombrada por el presidente Mauricio Macri al asumir, es parcial e insuficiente.
