Las denuncias revelaron que también hay quienes trabajan bajo contratos trimestrales, otros sin nada firmado y que en muchos casos, las retribuciones tienen un atraso de hasta 60 días. El director aseguró todo fue producto de una filtración de un mensaje y que no habrá despidos.
Es a raíz de los audios en los que Michetti, por entonces vicepresidenta de la Nación, "solicita" a Alonso, al frente de la OA, "que cese las investigaciones llevadas a cabo contra un amigo suyo".
La máxima referente nacional de esa organización social, explicó que no se recibe alimentos en los comedores, y anunció que impulsa un acampe porque desde el ministerio de Desarrollo Social les avisaron que se suspendió la entrega de los mismos.
El flamante funcionario nacional ocupará el cargo que desempeñó Laura Alonso durante la gestión de Mauricio Macri.
El decreto 29/2020 da por aceptada la dimisión de los ex funcionarios a partir del 10 de diciembre pasado.
A través de su cuenta de Twitter, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, procesada por su accionar en ese cargo, realizó esa comparación ante el arribo al país del ex presidente boliviano y fue duramente criticada por simpatizantes del Frente de Todos.
El magistrado decidió el procesamiento de ambos al entender que había pruebas suficientes respecto a la acusación de negociaciones incompatibles con las funciones públicas y por supuesto encubrimiento y abuso de autoridad.
La titular de la Oficina Anticorrupción pidió que se convoque a declarar a la coordinadora del Área de Conflicto de Intereses de la OA, Ana Carina Larocca, y a la subdirectora de Políticas de Transparencia del organismo, Laura Geler.
La causa en la que fue llamada Laura Alonso a declaración indagatoria comenzó a mediados de 2916, por una denuncia de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.
El santafesino indicó que la Oficina Anticorrupción "no se había auditado nunca y sabían que lo iba a hacer un año antes, porque estaba planificado".
El ex ministro de Energía y la titular de la Oficina Anticorrupción fueron citados en el marco de una causa que investiga la compra de gas a Chile y el presunto beneficio económico que habría obtenido el ex funcionario como accionista de Shell.
Se convocará a una subasta pública. El empresario se encuentra detenido desde 2016 por lavado de activos.