Ley de “extranjerización” de Tierras: la Argentina en venta
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso una ley que elimina el límite para la compra de tierras en el país. Los recursos naturales y económicos, en peligro.
El Gobierno de Milei busca eliminar el límite para la compra de tierras en Argentina por parte de particulares o empresas extranjeras. Es decir, los recursos naturales y económicos del país corren riesgo de quedar en manos foráneas.
La actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, lo mismo que en cada municipio y provincia, además, impide que una misma persona o empresa extranjera adquiera más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola -o su equivalente según la productividad de cada región-.
A su vez, el proyecto de ley dispone la desactivación de la obligación del registro de las ventas de tierras y la supresión de los controles del Estado, eliminando el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. Pero el proyecto es incluso más amplio, ya que modifica las leyes de expropiaciones, tierras rurales, manejo del fuego y disposiciones sobre desalojos.
Asimismo, se traslada a las provincias la autoridad de aplicación de la Ley. Podrán, así, determinar la cantidad de tierras y la localización de dónde pueden comprar los extranjeros.
También modifica la Ley Nacional de Expropiaciones (21.499), el régimen que regula en qué casos y bajo qué condiciones el Estado puede adquirir un bien privado cuando existe una causa de utilidad pública. Actualmente la expropiación solo puede realizarse por causa de utilidad pública, declarada por ley del Congreso, y mediante una indemnización previa. Con la nueva ley, entonces, se redefinen los criterios para declarar la utilidad pública, por lo tanto, se restringe aún más la capacidad del Estado de recurrir a esta herramienta.
El segundo capítulo de la iniciativa modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con el objetivo de que los propietarios puedan recuperar más rápidamente la posesión de sus bienes frente a ocupaciones ilegales.
El proyecto, en tanto, propone la derogación de artículos de la Ley de Manejo del Fuego, incorporados en 2020. La legislación vigente establece que, cuando un bosque nativo, un humedal o un área agrícola resulta afectado por un incendio, durante 30 o 60 años según el caso, no puede modificarse el destino de esas tierras. Esto busca evitar las quemas intencionales inmobiliarios o agropecuarios. En consiguiente, se da vía libre a los incendios intencionales.
Cuál es el apuro
Cabe señalar que aunque la ley habilite la compra de hasta un 15% de tierras por extranjeros, actualmente, los terrenos en manos foráneas no llegan al 5%, es decir, unas 13 millones de hectáreas. Entonces, ¿por qué se quiere derogar la norma?, ¿cuál es el apuro?
Si se aprobara la reforma será más sencillo que grandes extensiones con acceso a ríos, lagos, acuíferos, áreas de frontera o corredores estratégicos como la Hidrovía Paraná-Paraguay queden bajo control de grandes empresarios y fondos internacionales.
En este marco, el influencer y dirigente político Pablo Garello graficó algunas de las razones para rechazar la ley y defender la soberanía del territorio argentino: “Segunda reserva de gas no convencional del mundo; 20% del litio del planeta; inmensas reservas de cobre, oro y plata; yacimientos de uranio; cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo; tercer acuífero más grande de la Tierra; la vía navegable más importante del continente; 170 millones de hectáreas de tierra fértil; 50 millones de cabeza de ganado; la mayor radiación solar global para producir energía; potencia eólica más relevante del mundo; una de las selvas con mayor reservorio genético de la Tierra; 17 mil cuerpos de hielo registrados; 6 millones y medio de kilómetros cuadrados de agua; la plataforma continental más rica del atlántico sur; proyección directa a la Antártida; reservorio del 70% del agua dulce mundial”.
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Convocatoria en rechazo
Ante el avance de la ley distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas se pusieron en alerta. De esta manera, convocaron a manifestaciones en la puerta del Congreso en Capital Federal y diferentes ciudades del país.
Los gremios nucleados en la CTA Autónoma convocaron a una movilización para el próximo 6 de agosto en Plaza San Martín de Rosario en rechazo al proyecto bajo la consigna «Las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también».
Desde Comunidad Defendamos Nuestra Tierra, un colectivo formado por organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas y comunidades originarias también convocaron a la protesta, que contará con una movilización.