Por Alejandro Maidana
Nada parece cambiar en una de las provincias más pobres del país. La tozudez de aquellos que no titubean a la hora de hipotecar el futuro a cambio de regalías que suelen derramarse en una mesa muy pequeña, siguen empujando a la Catamarca minera a una renovada expoliación de sus recursos naturales.
El poder fáctico y su furibundo lobby no conocen de cuarentena, ni siquiera fue la pandemia que paralizó la economía mundial la que pudo oficiar de obstáculo para la voracidad predatoria de una actividad que en este país ha demostrado con creces que la falaz teoría del derrame solo hace referencia al del cianuro.
El extractivismo carece de ideología y por ende de escrúpulos, las corporaciones mineras ofician de marionetistas que haciendo gala de su refinada capacidad de manipulación, utilizan a la clase política abdicada y a la Justicia, como herramientas «legales» a la hora de decidir el destino de los pueblos. Quiénes fueron elegidos a través del voto popular para representar los intereses ciudadanos, hoy solo ofician de bufones de aquellos que a través de los mismos, buscan mostrar su rostro más humano.
Parece ser que la experiencia de un saqueo que duró décadas (La Alumbrera) y que lejos estuvo de catapultar a las y los catamarqueños hacia un horizonte de mayor igualdad, ha servido de poco. Pero han redoblado la apuesta, en Andalgalá se viene frenando por acción de sus conscientes habitantes, un proyecto minero (Agua Rica) tres veces más grande que la Alumbrera y que busca operar a solo 14 km del pueblo explotando el Nevado, el cerro proveedor de agua.
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Mientras que los representantes de los intereses mineros pudieron gozar de una reunión con el sector político, de la cual también participó el decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, las y los ciudadanos de Andalgalá, siguen siendo apartados hacia los márgenes de una discusión que prefiere mantenerlos invisibilizados.
Sobre los acontecimientos que se vienen sucediendo, donde de manera sistemática se aparta hacia los márgenes de la historia el reclamo de un pueblo consciente, desde la Asamblea el Algarrobo en una profunda charla con Conclusión, indicaron: “ Los vecinos y vecinas de Andalgalá entendemos que de acuerdo a las leyes que nos asisten, en particular la Ley General del Ambiente 25675, la cual obliga al Estado Provincial en las políticas mineras a tener el irrestricto respeto por el principio de prevención, como así también el principio precautorio, los mismos no fueron aplicados en nuestro departamento, pero principalmente ha quedado indefectiblemente violada nuestra participación ciudadana”.
Las y los vecinos no fueron tenidos en cuenta para ser participes necesarios de la presentación virtual con la modalidad charla «informativa» vía zoom realizadas en mayo y junio del corriente año, allí se presentó el Informe de Impacto Ambiental para el Programa de Perforaciones 2020 de Exploración Avanzada. “Así lo prevén los Art. 19, 20 y 21, nunca se llevaron a cabo las Audiencias Públicas ni Consultas Populares, tal como lo establece la LGA, por ende se está violando asimismo el Art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, en cuanto a la Autodeterminación de los Pueblos, en ese mismo sentido se ha violado el Art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, indicaron.
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Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho claramente que en Andalgalá no se ha respetado la participación ciudadana, lo que hasta la fecha no han cumplido y no quieren cumplir.
Una manera muy particular de presentar un informe de Impacto Ambiental viciado de nulidad, que excluiría la participación trascendental de quienes de manera estoica, se oponen a hipotecar sus días. “Decimos que esas charlas virtuales vía internet, sin la presentación de la totalidad del Informe de Impacto Ambiental en formato digital y con la antelación suficiente, son absolutamente nulas, ya que no se puede participar de todo aquello que se desconoce, y tal como es costumbre del gobierno y las empresas mineras, como única política han venido ocultando toda la información ambiental desde el inicio de la Alumbrera y ahora pretenden hacer lo mismo con el yacimiento minero Agua Rica. Se olvidan que tenemos un fallo de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) que les ha dicho claramente que en Andalgalá no se ha respetado la participación ciudadana, lo que hasta la fecha no han cumplido y no quieren cumplir, intentando de todas las formas eludir los mandatos de la ley ambiental vigente en nuestro país. Ya no toleramos más la violación de la ley. Somos un pueblo pacífico, pero empoderado, ya no comemos vidrio como dice la jerga”, enfatizaron desde la Asamblea.
Por lo dicho anteriormente, la comunidad de Andalgalá, jamás tuvo la oportunidad de participar de la etapa de evaluación de lo que se pretende hacer, en consecuencia, configura una clara y flagrante violación al orden constitucional vigente. “El Art. 31 claramente establece que la Constitución Nacional, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, pero el gobierno no lo hizo, por ende han violado lo más sagrado de una República, la División de Poderes, y lo que es más grave aún, la esencia misma de la democracia, porque la soberanía reside en el pueblo y no en la autoridad de una figura pública, y menos de manos de la empresa, la ley obligaba a todo funcionario público a consultar a la población sobre los proyectos mineros en nuestro territorio”.
Impresiona ver cómo en la provincia de Catamarca crece un feudo desenfrenado por la codicia desesperada de los gobernantes y jueces.
En el camino digno de un pueblo, se interponen los espurios intereses de unos pocos y la abulia de un poder judicial que se siente cómodo no abandonando el confort que le garantiza velar por la seguridad de los poderosos. “Impresiona ver cómo en la provincia de Catamarca crece un feudo desenfrenado por la codicia desesperada de los gobernantes y jueces, estos últimos, viejos parásitos de una sociedad que les sostiene una vida de privilegios. Lejos están de administrar justicia y resolver causas dormidas, por el contrario, los últimos acontecimientos nos dicen que ampliarían la corte y eliminarían el Consejo de la Magistratura”.
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Todo indica que estarían acomodando las piezas de un ajedrez en donde siempre ganan unos pocos y el pueblo vive en jaque. “Gobierna el nepotismo, un mecanismo armado minuciosamente para la ocasión, pretenden habilitar a cualquier precio un proyecto nefasto, sin licencia social, que acabaría con todo en Andalgalá. Lejos están de entender el mensaje de la pandemia, aquel que el pueblo entendió antes, mucho antes, y este tiene que ver con que el Agua es vital, un mensaje que está sobreentendido y muy mal valorado por este puñado de sociópatas, estafadores de ilusiones, traficantes del miedo, arrogantes y perversos, que han puesto una sentencia de muerte en la cabeza de cada uno de los ciudadanos andalgalenses”, enfatizaron desde El Algarrobo.
¿Somos pobres porque somos ricos? Parecería que hay una suerte de maldición de la abundancia
¿A qué se debe que los países con mayores recursos naturales abracen una profunda desigualdad? Los países que tienen una gran cantidad de recursos naturales, son los que tienen más dificultades para que su economía pueda crecer y consolidarse. “Son países que se caracterizan por prácticas económicas rentistas, por una estructura social marcada por el clientelismo y por gobiernos autoritarios, corruptos y represivos; entonces, ¿somos pobres porque somos ricos? Parecería que hay una suerte de maldición de la abundancia. Hay quienes dicen que sí se puede salir de esa maldición, pero plantean una salida peor, con una mayor utilización de los recursos naturales, abriendo la puerta a transnacionales capitalistas y extractivistas como la minería a cielo abierto, igualándose gobiernos neoliberales con populistas, conduciéndonos eternamente al empobrecimiento y al fracaso. Y en medio de esa constante puja de poder estamos nosotros, los ciudadanos, que ante este panorama decimos basta”.
Las estoicas caminatas buscan recargarse de solidaridad y responsabilidad ciudadana, marcando el sendero que necesita este bellísimo lugar y que lejos está de la explotación extractivista. “Vamos a seguir caminando mientras nos sigan amenazando, porque es la única forma de levantar la voz, porque la dignidad no está en venta, porque un futuro mejor es posible, y porque nuestros derechos no son menos importantes que los de lo demás. La mega minería es una de las demostraciones más crudas de la lógica capitalista. Se explotan miles de hectáreas de montaña, se contaminan cientos de miles de litros de agua potable, se enferma a la población y se destruye el medio ambiente solo para llenar los bolsillos de unas pocas empresas extranjeras, empobreciendo regiones enteras. Las fortunas se las llevan al exterior y en el interior queda tierra arrasada. Llevamos décadas de saqueo, destrucción del suelo y contaminación con la complicidad de todos los gobiernos”, expresaron.
El decreto ley 21382 de Inversiones Extranjeras, aún vigente, fue producto de la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz en 1976.
La relación de la «gran minería» con la dictadura, un estigma que sigue vigente en la carne de un país arrasado que no ha dejado de ser colonia. “Pues bien, el decreto ley 21382 de Inversiones Extranjeras, aún vigente, fue producto de la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz en 1976, anulando un importante número de regulaciones que se establecían sobre el ingreso de los capitales extranjeros al país. El gobierno de Carlos Menem aprobó el texto reordenado del decreto ley 21382 y no sólo ratificó el decreto de la dictadura, sino que lo hizo aun más liberal, estableciendo la colocación de capitales extranjeros sin aprobación previa y la repatriación de sus utilidades en cualquier momento. Esta relación es más amplia y más grave que lo que estamos expresando por el momento, solo hay que empezar a <destejer> la historia negra de nuestro país y encontrarse con una realidad bastante bien solapada para la opinión pública”.
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La minería en Andalgalá no tiene Licencia Social, sin embargo a la clase política, cualquiera sea su bandera, poco le importa. “El gobernador actual Raúl Jalil y sus secuaces están aprovechando la pandemia, no sólo para hacer política, sino también para venir a cada rato a Andalgalá fuertemente custodiado por la patota Kuntur para ver cómo puede encontrar la manera de habilitar la minería con <Agua Rica> a sabiendas que el pueblo NO quiere. Haciendo caso omiso de algo fundamental en este tipo de mega-emprendimientos, la Licencia Social. Este señor, al igual que sus antecesores, como Lucia Corpacci, están igualados en sus métodos prepotentes para quienes nos oponemos, y desoyen las voces de los que cada sábado desde hace más de diez años caminamos para demostrar nuestro descontento. Siendo esa la manera que encontramos en esta <democracia> en donde no nos consultan nada”.
La única salida al problema ambiental es anticapitalista. Y eso es lo que entendemos no solo los andalgalenses, sino todos los pueblos cordilleranos y la gente de bien.
El apetito de un sistema que todo lo corroe y pudre, no puede significar jamás una salida en sí mismo. Es por ello que el capitalismo en su fase imperialista, cuenta con el aval de absolutamente todas las vertientes políticas hegemónicas, neoliberales y populares. “La única salida al problema ambiental es anticapitalista. Y eso es lo que entendemos no solo los andalgalenses, sino todos los pueblos cordilleranos y la gente de bien. Mientras nosotros preservamos la parte del mundo que nos toca para vivir, otros cuentan los lingotes antes de la explotación. Mientras nosotros caminamos cada sábado desde hace más de diez años por <El Agua>, el gobierno despliega sus peores bajezas para pulverizar la única montaña que nos calma la sed y que curiosa casualidad, cada vez que Jalil viene nos quedamos sin internet, sin comunicaciones, nos quieren sumisos y silenciados. No han creado todavía el tapabocas que nos haga callar la infamia que están haciendo”, concluyeron desde la Asamblea El Algarrobo.
Agua Rica es ilegal
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la adopción de medidas tendientes al distanciamiento social adoptadas por los Estados para mitigar la propagación de la pandemia del COVID-19, insta a los Estados a suspender los procedimientos administrativos tendientes a la concesión de permisos de proyectos extractivos y otros proyectos de explotación o desarrollo de recursos naturales. Ese pronunciamiento de la CIDH para las comunidades indígenas (como la Comunidad Indígena de Capillitas) es extensible en cuanto a la consulta, a los pueblos afectados por estas actividades que no son indígenas.
Una organización no-gubernamental sin fines de lucro con sede en Canadá, fue contundente
MiningWatch Canadá es una organización que tiene una larga trayectoria en el monitoreo de las actividades de empresas mineras canadienses en todo el mundo. La misma ha trabajado por más de 20 años siguiendo de cerca las actividades de estas empresas y así evitar que provoquen violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente. Lamentablemente, después de 20 años de experiencia, han podido afirmar que no existen empresas mineras canadienses responsables, ya que hay mucha documentación que demuestra como las empresas contaminan al medio ambiente y violan a los derechos humanos de una manera sistemática.
Foto: Silvina Reguera
