Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – El presidente Mauricio Macri recibió este viernes en la Quinta de Olivos a los directivos de las 13 empresas petroleras que resultaron adjudicadas para la exploración y explotación de 18 áreas hidrocarburíferas en el Mar Argentino, por las cuales ofertaron un total de US$ 724 millones. El mismo día, en horas de la mañana se publicó el resultado del acto licitatorio.
La resolución 276/2019 del Gobierno nacional, concretó el otorgamiento a las empresas oferentes que resultaron ser YPF, Equinor, Tecpetrol, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Pluspetrol, Wintershall, British Petroleum, Shell, Tullow, Mitsui y ENI, afectando 225.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima.
En la página web del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, explicaron que la «Cuenca Malvinas Oeste, una de las tres cuencas que ingresaron al Concurso Público Internacional Costa Afuera N°1 y lindera con las Islas Malvinas, será testigo de la actividad exploratoria de parte de dos empresas en cinco de sus áreas licitadas».
Desde Oetec indicaron que la empresa «Tullow Oil es adjudicataria de las áreas MLO-114, MLO-119 y MLO-122 (al sur). En las dos primeras, cuenta con un 40% de participación e irá como consorcio junto a Pluspetrol y Wintershall. En la segunda, tiene un 100% de participación».
«Tullow operó 7 licencias otorgadas por los kelpers en la Cuenca Malvinas Sur en 2007, licencias que terminaron en manos de Rockhopper, la británica punta de lanza del pillaje petrolero. Una de sus directoras, Anne Drinkwater, fue simultáneamente asesora petrolera del gobierno kelper. Desde julio de 2018, esta señora pasó al directorio de Equinor, precisamente el año en el que se conoció la intención del Ejecutivo argentino de licitar una parte sustancial del offshore».
Además, desde Oetec consignaron el fabuloso negocio de Rockhopper que «desarrolló una intensa campaña de exploración al norte de las islas. Si bien la producción técnicamente recuperable, descubierta y auditada, ronda un mínimo de 500 millones de barriles, el escenario proyecta una cifra cercana a los 1.000 millones de barriles a ser extraídos en un plazo de 20 años (1.000 millones de barriles equivalen a cinco años de producción nacional, tomando valores de 2018). El inicio de la primera fase de desarrollo únicamente depende de que se consigan 1.000 a 1.500 millones de dólares.
Con todo, se desató hace pocos días una fuerte polémica cuando a gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, denunció de un riesgo mucho mayor, ya que desde el Gobierno Nacional evaluaban avanzar con la conformación una herramienta denominada Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (*Orop) lo que significaría reconocer a Gran Bretaña como estado ribereño, es decir “un nuevo avance que pone en peligro nuestros derechos y soberanía sobre nuestras islas”.
Incluso en la reunión de la Mesa Política del PJ Nacional del miércoles pasado, la mandataria fueguina adelantó que con su equipo habían presentado reclamos junto a legisladores nacionales de aquella provincia para derogar la ley 25.290, que aprobó el “Acuerdo de Nueva York” de 1995, base para la creación de las Orop.
Por otra parte, la visita del Canciller Jorge Faurie a la Cámara alta, dejó tela para cortar, el senador de Tierra del Fuego José «Nato» Ojeda, dijo que «quedaron las cartas sobre la mesa» durante la reunión con la comisión de Relaciones Internacionales. El titular del Palacio San Martín, se comprometió a no dar entidad a la constitución de la OROP, pero que avanzarían con la adjudicación de las áreas off shore a empresas británicas -incluso- aquella que ya habían operado ilegalmente en Malvinas.
En diálogo con Conclusion el legislador, aclaró que «la derogación de las OROP la debe tramitar el Senado, porque fue le órgano que las creo, si Pinedo nos acompaña derogaremos la ley que dejó un marco confuso y la posible creación de estas organizaciones de reconocerle al Reino Unido el standard de Estado ribereño en el Atlántico Sur».
Sin duda, el punto más ríspido pasa por la adjudicación de las áreas off shore a firmas británicas, Ojeda sostuvo que al oficialismo no «le importa que algunas empresas hayan trabajado en zonas que fueron ocupadas en forma ilegal por Inglaterra». «Pero se les advirtió que existen cuestiones en las que no van a avanzar –como el caso de la OROP- y, si avanzan en otras, deberán dar explicaciones en la justicia».
(*) Orop – Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesqueras (OROP) son organismos o acuerdos intergubernamentales de pesca con autoridad para establecer medidas de conservación y gestión de pesquerías en alta mar.
