Militares agrupados en la “Unión de Promociones”, un organismo que pide la liberación de los condenados o detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, se reunieron con el diputado electo de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, a quien entregaron una carta dirigida al presidente electo, Javier Milei, en donde le piden que “se llegue a una definitiva solución” sobre la situación judicial de los integrantes las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983, a quienes consideran “injustamente detenidos”.
“Deseamos y aspiramos que terminen las acciones revanchistas, con la única finalidad de mirar hacia el futuro en búsqueda del bienestar de los argentinos y el añorado engrandecimiento de nuestra Patria”, señalaron los militares en el comunicado que entregaron a Correa Llano, quien asumirá como diputado nacional por la provincia de Mendoza el próximo 10 de diciembre.
El encuentro entre las partes tuvo lugar el pasado jueves 23 de noviembre en la provincia de Mendoza, cuando el diputado electo concurrió a la casa del teniente coronel Lucio Mario Candia. Allí, la delegación Mendoza de la Unión de Promotores le entregó un documento y relató las condiciones de detención de quienes fueron “injustamente condenados” o son investigados por delitos de lesa humanidad.
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Según consignó el sitio web Prisionero en Argentina –un medio de difusión de los reclamos militares– en el encuentro se detalló, en números, la cantidad de detenidos por delitos de lesa humanidad, como así también el promedio de sus edades.
Tal como consignó Prisionero en Argentina, Correa Llano se “consustanció” con lo expresado en el petitorio y se comprometió a buscar “soluciones de rápida ejecución y trazar un plan de propuestas a más largo plazo”. Además, el legislador electo le alcanzará copias de la solicitud a las dos diputadas nacionales por Mendoza que asumirán el próximo 10 de diciembre, también representes de La Libertad Avanza.
Sin embargo, ni en el petitorio ni en el texto publicado en Prisionero en Argentina se detalla cuál será el plan de acción llevado adelante para revertir o dar una solución al planteo de los militares.
Por su parte, Correa Llano –un contador y empresario inmobiliario que proviene del Partido Demócrata– fue consultado por el medio Página/12 sobre este encuentro, y afirmó: “Me reuní con ellos y me plantearon la situación en la que hay procesados por delitos presuntamente cometidos durante el Proceso detenidos más allá del plazo razonable. Por eso ven necesario tomar las medidas conducentes al efecto de conocer cada caso en particular, no siendo posible que se adopte una medida en general”.
En tanto, el diputado electo indicó que desde la Unión de Promociones esperan “que se haga aplicar la ley”.
Las expectativas del sector militar con Milei se dan, en buena parte, gracias a la postura de la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, quien es hija de un integrante de las Fuerzas y durante gran parte de su vida militó para que se reconozca a las víctimas de los grupos guerrilleros que surgieron en el país la década del 70.
¿Qué dice el petitorio entregado a Milei?
En la carta dirigida al presidente electo Javier Milei, los integrantes de la Unión de Promociones delegación Mendoza dijeron estar “preocupados por la persecución sin fin” de muchos militares.
En el documento se hace referencia constantemente a una “guerra” entre dos sectores de la sociedad: los grupos guerrilleros y los militares. En este sentido, justificaron el golpe de Estado: “Todo el país se hallaba sumergido en un profundo caos. Por disposición del gobierno constitucional de aquel entonces, superadas las Fuerzas Policiales y las Fuerzas de Seguridad, se dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional”.
“Es innegable que durante el accionar contraterrorista se produjeron y/o cometieron errores, propios de un muy feroz conflicto bélico. Lo duro es no reconocer aquella guerra revolucionaria que nos azotó en forma integral. Insistir en negarla, alimenta las diferencias y el enfrentamiento”, agregó la Unión de Promociones.
Seguidamente, recordó algunas políticas que beneficiaron a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. En este punto enumeró las leyes de Obediencia Debida y Punto Final aprobadas por el Congreso durante la presidencia de Raúl Alfonsín; el indulto a los militares y “guerrilleros” que impulsó Carlos Menem; y la conmutación de penas y el indulto para militantes y militares, respectivamente, dispuestos en las presidencias de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde.
Sin embargo, el documento cuestionó que “en poco tiempo” se dio marcha atrás con estas medidas y “se reabrieron los juicios hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policiales, que lucharon en esa guerra interna”.
“Esa retracción –agregaron– conlleva una situación de injusticia, las medidas fueron en detrimento solamente de los integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policiales”.
A continuación, apuntaron contra los espacios de memoria: “Se ha visto que cuando una personalidad visita nuestro país, las autoridades lo invitan a rendir honores en el Parque de la Memoria, donde están registrados como desaparecidos decenas de terroristas. ¿Significaría que los militares que defendieron a la Nación de los ataques terroristas, o los civiles que fueron asesinados por organizaciones de terroristas subversivos, no merecen homenaje en un parque de la memoria?”.
Las pruebas, puestas en duda
Ya sobre el final de la carta a Milei, los militares cuestionaron la evidencia que puede obtenerse en los juicios: “¿Qué expresar entonces con los juicios que hoy, a 50 años de lo ocurrido, se sustancian semana a semana, mes a mes, en todo el ámbito nacional? ¿Se puede realmente reconstruir con precisión los hechos acaecidos en un pasado tan lejano para administrar justicia?”.
“El ir sobre personas con edades superiores a los setenta años y pretender que puedan aportar pruebas para su defensa, o incluso encontrar pruebas objetivas que puedan demostrar sus intervenciones en cada caso, es realmente una utopía, donde las garantías procesales, constitucionales y convencionales quedan reducidas a su mínima expresión”, agregaron.
Seguidamente, se dirigieron personalmente al presidente electo: “Para revertir y detener esta situación de injusticia y de falta de humanidad, encontramos esperanza a partir de sus expresiones. Le solicitamos, en el marco de una nueva mirada, madura, pacificadora y superadora, se llegue a una definitiva solución de este tema”.
