El Gobierno autorizó el derribo de aeronaves hostiles durante la visita del Papa León XIV a la Argentina
La medida regirá temporalmente en zonas aéreas de Buenos Aires y Córdoba, en el marco del operativo de seguridad previsto para la visita papal del 8 al 11 de noviembre. El uso de la fuerza será considerado un último recurso y requerirá la autorización del ministro de Defensa, Carlos Presti.
A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional habilitó de manera excepcional el derribo de aeronaves de origen externo que sean declaradas hostiles y representen una amenaza para la seguridad. La disposición, oficializada mediante el Decreto 1334/2026 y publicada en el Boletín Oficial, forma parte del operativo de protección aeroespacial previsto para las actividades que el Pontífice realizará en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.
La normativa establece una ampliación temporal de las Reglas de Protección Aeroespacial vigentes desde 2016 y alcanza a las zonas de operaciones restringidas TMA Baires y TMA CBA, que comprenden sectores de alta circulación aérea alrededor de Buenos Aires y Córdoba.
En concreto, el decreto autoriza «el uso de la fuerza por parte de los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores de origen externo declarados ‘hostiles'».
La disposición establece que, antes de considerar una aeronave como hostil, deberá comprobarse la existencia de un acto que represente una amenaza concreta. Entre las situaciones contempladas figuran un ataque armado, la utilización de una aeronave como arma o una amenaza inminente contra personas, intereses vitales del país u objetivos estratégicos.
Además, podrán considerarse indicadores de hostilidad la presencia de armamento a bordo o la persistencia en una trayectoria, altura o velocidad compatibles con un posible ataque, incluso después de recibir advertencias de las autoridades.
La declaración de hostilidad estará a cargo del comandante conjunto aeroespacial. Sin embargo, la decisión de utilizar armamento requerirá también la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti, una facultad que no podrá ser delegada.
Uno de los puntos centrales del protocolo es que el derribo de una aeronave solo podrá ejecutarse como última instancia, después de agotar los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje.
Asimismo, las autoridades deberán adoptar todas las medidas posibles para evitar o reducir eventuales daños sobre personas y bienes en tierra.
Además, el decreto establece una diferenciación según el origen de las aeronaves involucradas. La autorización excepcional alcanza únicamente a aquellas de origen externo, mientras que los episodios que involucren aeronaves de origen interno continuarán bajo las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior.
De esta manera, el Gobierno incorporó facultades extraordinarias al sistema de defensa aeroespacial durante los días de la visita del papa León XIV, con el objetivo de reforzar la seguridad en las zonas donde se desarrollarán las actividades oficiales.