Investigan penalmente una estafa millonaria de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas

Una denuncia penal advirtió un verdadero escándalo en la Armada Argentina a raíz de un desfalco que supera los 1.000 millones de pesos por parte de una veintena de oficiales que habrían liquidado falsos viáticos. Esto derivó en una investigación interna y el desplazamiento de varios capitanes.

La denuncia fue presentada por Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada Argentina. El texto, de unas 8 páginas, señala que hubo 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas.

La presentación ya se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py y quedó radicada en el juzgado del juez Sebastián Ramos. El expediente se centra en una supuesta asociación ilícita integrada por oficiales de la Armada Argentina y que habrían montado un circuito de adulteración de recibos de sueldo y liquidaciones irregulares por viajes al exterior.

Maggio describió que la maniobra de desfalco consistía en que se liquidaban gastos que nunca se realizaban y, una vez que el personal retornaba al país, los pagos seguían como si la comisión en el exterior siguiera vigente.

El circuito comenzó a desmoronarse cuando una teniente de fragata de apellido Acuña rechazó incorporarse a la maniobra y, según reconstruyeron distintos medios, informó a sus superiores los detalles de la propuesta que había recibido.

Las irregularidades no parecían errores, estaban concentradas en beneficiarios recurrentes y seguían un mecanismo reiterado. Las acreditaciones indebidas se incorporaban al proceso mensual de pago. La denuncia apunta que esta modalidad permitía eludir los controles aplicados antes de generar los archivos bancarios.

Asimismo, la presentación sostiene que cuatro beneficiarios sin vínculo con la Armada recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, el 44,25% del total.

Entre esas personas se encuentra Carmen Prieto, que según consigna el diario Clarín, es cónyuge de Ariel Baltasar Atanasoff, capitán de navío contador y entonces jefe del Departamento de Revista.

En las actuaciones administrativas, Atanasoff habría reconocido que conocía esas acreditaciones, que las realizaba manualmente y que decidía personalmente sus destinatarios e importes para favorecerlos económicamente.

También habría manifestado que ninguna otra persona participaba en esas decisiones. Sus declaraciones serían concordantes con los registros analizados.

La investigación interna se disparó luego de que apareciera la denuncia exponiendo estas maniobras. Con las tareas administrativas en marcha, el comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, decidió relevar de sus actuales destinos a ocho capitales de corbeta y un suboficial, algunos de los que habrían recibido cobros indebidos en distintos períodos.

Según la presentación judicial, las maniobras habrían funcionado entre julio de 2022 y enero de 2026, período del que datan estas 645 acreditaciones indebidas.

El escándalo seguirá siendo abordado por dos vías: la administrativa, donde se irán cruzando actuaciones internas para esclarecer los detalles del desfalco, y la judicial, donde se determinarán las responsabilidades penales de cada implicado.