El proyecto del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) obtuvo ayer dictamen de dos comisiones del Senado y quedó en condiciones para ser votado el miércoles en el recinto. El debate concluyó tras siete audiencias por las que pasaron funcionarios del Poder Ejecutivo, camaristas, fiscales, defensores públicos y referentes del ámbito académico.
Al cabo de intensas jornadas de discusión, se emitió un dictamen favorable que contempla varias de las objeciones que habían planteado otros bloques. Los principales retoques atañen a las excarcelaciones y la expulsión de extranjeros. Además se restringieron las facultades de Alejandra Gils Carbó, procuradora general, y se eliminó el concepto de «conmoción social».
En cuanto a las excarcelaciones el nuevo texto establece mayores límites a partir de la reiteración de delitos. Es que se incorporó como condición para considerar el peligro de fuga de un imputado «la constatación de detenciones previas» y la «declaración de reincidencia por delitos dolosos», sin que haya sentencia previa en su contra. De esa manera, se suma a la figura de «reincidencia» del texto original la de «reiterancia».
Respecto a los extranjeros la “suspensión del proceso a prueba” incluía la expulsión de aquellos que se encuentren en situación irregular en el país, que hubieran sido sorprendidos “en flagrancia de un delito o imputado por un delito” cuya pena de prisión mínima no fuera superior a tres años. En los cambios realizados a este artículo se eliminó la referencia a la “situación irregular” y se dispuso que el ser sorprendido en flagrancia del delito y la pena de prisión por ese delito sean una condición conjunta para determinar la expulsión y no considerados como factores separados. También, se señala que «los extranjeros en situación regular podrán solicitar la aplicación de una regla de conducta (probation) en el país».
Las atribuciones de la Procuración General de la Nación también fueron alteradas. El proyecto original establecía que ésta podría “disponer” de la forma en que se haría “la asignación de nuevas causas a las fiscalías y defensorías creadas en esta ley, como también la redistribución de las existentes”. La nueva versión establece que la Procuración podrá “compensar la distribución” de las causas nuevas y existentes “mediante un sorteo”.
Otro punto en el que cedió el oficialismo fue con la eliminación del polémico concepto de «conmoción social» como causal para el dictado de la prisión preventiva, que había sido cuestionado por la totalidad de los especialistas.
A pesar de la variedad de cambios introducidos por el oficialismo la oposición anunció que presentarán dictámenes alternativos, ante la negativa del oficialismo a extender el debate una semana. Es que a su entender con el Anexo II persisten factores que otorgan demasiado poder a la Procuración, por lo que promueven una reforma del Ministerio Público.
«Si bien hubo debate, se trata de un nuevo texto que para nosotros demanda mucha más discusión», reclamó el jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy). Su postura fue secundada por el socialista Rubén Giustiniani (FP-Santa Fe), quien destacó que el proyecto fue anunciado hace «apenas 30 días» por la Presidenta. «Nos parece que para poder tomar una posición política y analizar las modificaciones planteadas por ustedes tendría que firmarse el dictamen la semana que viene», dijo.
El pedido fue rechazado por el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto: «No quiero ser descortés, pero hemos llegado al final de un debate de siete meses, porque esto empezó a discutirse en abril, sobre la base de proyectos de los senadores», explicó. A su vez, destacó la cantidad de modificaciones introducidas al texto y el hecho de que su bancada ya había anunciado su intención de tratarlo la semana próxima.
