Paulón exige explicaciones al Gobierno tras las declaraciones de Milei sobre «7 intentos de golpe» y «miles de terroristas»

El diputado nacional Esteban Paulón, solicitó al Ministerio de Seguridad y a otros organismos oficiales información sobre expulsiones, deportaciones y cancelaciones de residencia de personas extranjeras durante 2025 y 2026. También reclamó precisiones sobre los dichos del Presidente y los fundamentos utilizados en cada caso.

En particular, Paulón pidió conocer cuántos de esos casos estuvieron vinculados oficialmente con delitos de terrorismo, actividades terroristas o financiamiento del terrorismo.

El pedido surgió a partir de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien afirmó que durante su gestión fueron deportados “10 mil terroristas” el año pasado y “20 mil” durante el corriente año.

Paulón consideró necesario conocer los datos oficiales que respalden esa afirmación y pidió que el Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y los organismos correspondientes aporten registros, estadísticas y documentación.

“Este tipo de afirmaciones sin sustento comprometen la credibilidad de las instituciones y la seguridad del país”, sostuvo el diputado.

Además, cuestionó el discurso del Presidente y afirmó que Milei “utiliza narrativas delictivas ficticias con el fin de atemorizar a la ciudadanía, tapar el evidente fracaso de su programa económico y ensayar un sesgo autocrático reflejado en iniciativas como la ley Malvinas”.

En ese sentido, Paulón reclamó que se presenten datos precisos, intervenciones judiciales y registros oficiales que permitan corroborar los dichos presidenciales. “De lo contrario, el Presidente quedará expuesto ante la sociedad como un charlatán fantasioso que acude a la infamia para justificar sus políticas”, afirmó.

Qué información pidió el diputado

El legislador solicitó que el Gobierno informe la cantidad total de medidas de expulsión, deportación, cancelación de residencia, rechazo de ingreso e inadmisión adoptadas durante 2025 y 2026, discriminadas por año y tipo de medida.

También pidió que se detalle:

Cuántas de esas medidas fueron fundamentadas, total o parcialmente, en la comisión o participación en actos de terrorismo, delitos vinculados con el terrorismo o su financiamiento.

Cuántas personas extranjeras fueron calificadas o reportadas oficialmente como vinculadas con actividades terroristas.

La nacionalidad de las personas involucradas, la fecha de la medida, la causal invocada, la norma aplicada, el organismo que intervino y el estado de cada procedimiento, sin incluir datos personales protegidos por ley.

Cuántas expulsiones o cancelaciones de residencia se dispusieron con base en las causales incorporadas o modificadas por los decretos 366/2025 y 681/2026.

Cuántas medidas estuvieron relacionadas con “mensajes de odio”, incitación a la violencia, “ultraje de símbolos patrios” u otras conductas incluidas en esas modificaciones.

Si existen registros, bases de datos o informes oficiales que identifiquen o cuantifiquen a las personas extranjeras deportadas o expulsadas bajo la categoría de “terroristas”.

Paulón también pidió conocer cuántos procedimientos de expulsión fueron iniciados, cuántos se ejecutaron efectivamente y cuántos fueron apelados en sede administrativa o judicial.

LA MEDIDA DEL DELIRIO PRESIDENCIAL

Para poner en perspectiva el delirio del Presidente @JMilei si en lo que va del año es real que se deportaron 20.000 supuestos terroristas, tendrían habrían despegado 2 aviones de pasillo ancho por semana repletos.
Milei está en cualquiera. pic.twitter.com/CbzK6o2P8M

— EstebanPaulon (@EstebanPaulon) September 28, 2026

Pedido de documentación a distintos organismos

El requerimiento incluye además información sobre posibles comunicaciones entre la Dirección Nacional de Migraciones y otros organismos públicos.

En particular, el diputado solicitó saber si durante 2025 y 2026 Migraciones recibió informes, listados o pedidos del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, la Unidad de Información Financiera, organismos de inteligencia, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial u organismos internacionales.

En caso afirmativo, pidió que se informe qué organismo remitió la documentación, en qué fecha, cuántas personas estaban involucradas y que se entreguen copias, respetando las reservas previstas por la legislación vigente.

Por último, solicitó información sobre la existencia de convenios, protocolos, instructivos, resoluciones o criterios internos para aplicar medidas migratorias contra personas presuntamente vinculadas con el terrorismo o su financiamiento.

También pidió conocer cuántas medidas migratorias fueron revocadas, anuladas o dejadas sin efecto durante 2025 y 2026, tanto en sede administrativa como judicial, y cuál había sido la causal original.

Por último, Paulón reclamó que toda la información sea enviada en formato digital, con acceso abierto y sin restricciones para su reutilización, de acuerdo con lo establecido por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.