Legisladores nacionales del Frente de Todos presentaron un escrito en el que piden que se investigue la denuncia de la jueza de Casación Ana María Figueroa sobre la supuesta coacción recibida por un funcionario del ex titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano o de la denominada «mesa judicial del gobierno» de Macri, en el marco de la causa por del «Memorando de entendimiento con Irán».
La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal había denunciado presiones de un funcionario del ministerio de Justicia en torno a la causa sobre el memorándum con Irán.
El escrito recayó en el juzgado del Doctor Daniel Rafecas y el Fiscal interviniente es Federico Delgado.
Según los denunciantes, la iniciativa se produce en cumplimiento de sus obligaciones como funcionarios públicos, para que 2se investiguen los hechos presentados, que dan cuenta de las presiones e interferencias que fueron llevadas a cabo para direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial2.
Los parlamentarios señalaron que la coacción fue realizada «por miembros y sectores afines al gobierno presidido por el ex presidente Mauricio Macri entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019».
Los congresistas indicaron que el hecho guarda «enorme gravedad institucional del caso, el cual compromete la forma republicana de gobierno y, en particular, el principio de división de poderes», razón por la cual piden que «se disponga la inmediata habilitación de la feria judicial y se dé trámite a la causa con la urgencia que el caso amerita.
Para luego agregar que por tratarse «naturaleza incuestionablemente federal de los delito denunciados» hacen reserva de acudir, «en caso de que fuera necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las vías legales pertinentes».
Los congresistas expusieron que a partir de la asunción como Presidente de la Nación del ingeniero Mauricio Macri «fueron desplegadas, desde distintos estamentos oficiales y sectores afines, diferentes maniobras» destinadas a «interferir sobre el normal funcionamiento» del Poder Judicial de la Nación y «direccionar el trámite de causas que le resultaban funcionales a sus intereses políticos; ello no solo tuvo lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», sino también que esta práctica «se extendió a ‘otras jurisdicciones, incluso sobre el servicio de
administración de justicia brindado’ a nivel provincial»,
Además, consignaron que estas «maniobras fueron planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada Mesa Judicial; integrada nada más ni nada menos que por el ex Presidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales».
Y mencionaron «a título enunciativo y no taxativo, al ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Doctor Germán Garavano, el ex Secretario de Asuntos Penitenciarios, Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Doctor Juan Bautista Mahiques, el ex titular de la AFI, escribano Gustavo Arribas, los ex Secretarios de Estado, Ores. José Torello y Pablo Clusellas, el ex Procurador del Tesoro de la Nación, Doctor. Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián («Pepín») Rodríguez Simón y Daniel Angelici».
