Enviado especial a Buenos Aires – Final abierto para la ley de extinción de dominio. Con dictámenes separados, oficialismo y oposición dieron por terminada la reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico. El interbloque justicialista Argentina Federal y el Frente para la Victoria-PJ deberán negociar para llegar a la sesión con un acuerdo que garantice una mayoría agravada de votos.
Al término de la reunión Conclusión dialogó con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien sostuvo que la extinción de dominio «es una acción judicial que se busca aprobar para que el Estado pueda tomar los bienes producto de delitos graves, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y corrupción. Esta última siempre y cuando generó provecho para la persona acusada».
Según el senador porteño, «se busca que haya un procedimiento ágil y rápido para que los bienes que provienen de este delito el Estado los pueda decomisar y disponer», y a renglón seguido expresó que «la diferencia con el bloque peronista es que la sentencia que extingue el dominio de los bienes de los delincuentes se de en forma simultánea con la condena penal».
En la misma línea, Pinedo manifestó que desde su espacio proponen «un procedimiento vía los jueces civiles y que pueda terminar cuando se detecten bienes ilegales, mucho más rápido que el tiempo en el que se resuelve una condena penal».
Respecto de los allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner, el legislador de Cambiemos dijo que «es absurdo el mecanismo que se estableció en una ley hace algunos años de que haya que votar los pedidos de allanamientos, porque se supone que se deben dar para tomar una visión con algún nivel de sorpresa, y no todo preparado esperando mientras se toma una taza de té, a la espera del allanador, pero esto es lo que hay».
Y añadió: «Frente a eso Cambiemos decidió que acompañará los pedidos de allanamiento, pero en un caso en particular que es en los despachos públicos de los legisladores – puesto que pueden tener documentación reservada vinculada con su tareas de legislador – no se les pueda quitar esa documentación con la excusa de que se robaron una bicicleta precisamente para contrarrestar otras investigaciones que se estén haciendo».
«Pedimos a los jueces que fundamenten por qué quieren allanar un despacho de un parlamentario y en base a eso el Senado pueda tomar su decisión», precisó el legislador.
Consultado acerca del tiempo transcurrido para solicitar de parte de la justicia esta acción, el congresista aclaró que «es una decisión de la justicia, aunque sería oportuno modificar la ley y cuidar de alguna manera los representantes del pueblo por su trabajo, pero no por los delitos que cometieron», concluyó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
