El Concejo Municipal de Rosario comenzó a implementar el «Programa de Asesoramiento y Asistencia de Víctimas de Usurpaciones», aprobado en el mes de junio, que tiene como objeto abordar la problemática generada por el accionar de diversas bandas en los barrios de Rosario. La

Para la puesta en marcha del programa, el fiscal regional de Santa Fe, Patricio Serjal, visitó el Palacio Vasallo y asistió a la Comisión de control, convivencia y seguridad ciudadana. Durante el encuentro, Serjal reveló que en lo que va del 2020, el Ministerio Público de la Acusación trabajó sobre unas 190 denuncias por usurpaciones entre el accionar de grupos, problemas civiles y ocupaciones ilegales de terrenos. También reveló que en 2019 establecía una cifra en el orden de los 100 casos en 10 meses, con unos 130 acusados formalmente.

Serjal también informó que, en los últimos días, el MPA logró desbaratar a un grupo con base en zona norte dedicado a delitos violentos, entre ellos usurpaciones. Se suma a investigaciones anteriores en Nuevo Alberdi y los barrios La Tablada y Municipal, entre otras zonas cuyos vecinos son víctimas y requieren de la presencia del Estado.

Por su parte, Rodrigo López Molina, titular de la Comisión de control, convivencia y seguridad, apuntó que la iniciativa, que es de su autoría, «es una manera de seguir luchando contra las mafias en Rosario». «La ordenanza establece un puente entre el problema y la solución, que en parte tiene la Justicia, por eso valoramos la presencia del jefe de los fiscales y de los equipos de la Municipalidad y la provincia«, dijo López Molina.

El presidente del bloque Cambiemos describió además que el delito por usurpaciones mutó. «Ya no es lo que conocíamos. No surgen sólo de un conflicto entre vecinos o de apropiación de espacios públicos. Hoy es parte de las acciones criminales perpetradas por bandas organizadas. Se trata de poner a las viviendas, entre otras cosas, al servicio de la venta de estupefacientes», indicó.

Junto a López Molina y Serjal estuvieron los concejales que integran la comisión y, mediante videoconferencia, Martín Illia, coordinador de la Secretaría de Género y DDHH; y María Laura Pasquero, directora del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo.

«La aprobación de la ordenanza y la reunión se enmarcan dentro de un compromiso real por parte de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Concejo de discutir y poner en agenda temas estructurales vinculados a la seguridad de todos los rosarinos», concluyó López Molina.

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