El pasado viernes la Cámara de Diputados de la Nación recibió un proyecto de ley apuntado a la promoción de la actividad y el empleo en las pequeñas empresas argentinas y la economía popular, que propone una serie de beneficios fiscales, acompañados de políticas específicas, con el objetivo de cuidar y promover el trabajo en los sectores desprotegidos de la economía.
Algunos de estos beneficios serían, por ejemplo, el establecimiento de un régimen diferenciado de tarifas de luz, gas y transporte público, la ampliación del monotributo social y del programa de Recuperación productiva (REPRO) para cooperativas y unidades económicas autogestivas.
El proyecto fue ingresado por el bloque de diputados del Movimiento Evita. Lucila De Ponti, legisladora por Santa Fe e integrante del mismo, indicó que es para “poner en agenda la discusión acerca de la estabilidad de las unidades productivas y el trabajo en la economía popular y en los sectores más vulnerables de las cadenas productivas”.
“Tenemos que decir que son alarmantes los efectos que la situación de recesión económica y el aumento de los costos tienen sobre estos sectores que crean una gran parte del trabajo en nuestro país, si no se toman medidas para apuntalarlos y formalizarlos, la situación de crisis va a significar la inactividad y la pobreza para millones de argentinos”, destacó De Ponti.
El segmento denominado economía popular comprende un 30% de la población económicamente activa, y al igual que la pequeña empresa se ha visto perjudicado fuertemente por la implementación de lo que denominan “un severo modelo de ajuste”.
Al respecto, la diputada pidió que se convoque a las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la economía popular a participar del Consejo del Salario, para expresar las necesidades específicas del sector. Finalmente, afirmó: “Vamos a trabajar para que estas demandas se conviertan en ley porque es imprescindible cuidar a los trabajadores que se encuentran en situaciones de mayor precariedad”.
