A través de un comunicado se dio a conocer que «referentes de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas, legisladores nacionales, provinciales y locales presentaron este miércoles a las 10.30, en la sede del ministerio Público de la Acusación (Montevideo 1968), una denuncia por “amenazas, hostigamiento e intimidaciones masivas”, a través de grupos de WhatsApp».

La presentación del escrito que será acompañado por el Espacio Juicio y Castigo Rosario, la hizo la patrocinante legal de Hijos, Nadia Schujman. En el documento «se da cuenta que desde principios de marzo», personas desconocidas vienen creando grupos de WhatsApp en los que compulsivamente y de manera reiterada «se añade a referentes del movimiento de derechos humanos, dirigentes sindicales, sociales, y legisladores nacionales, provinciales y locales con fines intimidatorios y amenazantes».

Una de las personas afectadas por esta modalidad es la diputada nacional de Santa Fe, Lucila De Ponti, quien refirió a Conclusión: «De repente se conformaron grupos de WhatsApp en los que nos incluían en forma compulsiva- razón por la cual decidí salirme inmediatamente- y tengo entendido que se escribían mensajes amenazantes y también intimidatorios».

De Ponti expresó que es parte de la denuncia porque fue «incluida en forma inconsulta y compulsiva en este grupo», y agregó «que los grupos que se conformaron tenían nombres raros, y se volvió repetitiva esta mecánica porque inmediatamente alguien creaba otro grupo y volvían con lo mismo, razón por la cual los denunciaba con las herramientas que da WhtasApp».

Según los denunciantes,  “Muerte a Milagro Sala” o “Tucu vive”, son algunos de los nombres de los grupos creados en los que se profieren amenazas como “Están todos secuestrados”, “Disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”.

Desde Hijos Rosario, manifestaron que creen “que se trata de gente que pretende intimidar y amenazar a las personas agregadas, para coartar su libertad y el derecho de participación en los asuntos de la vida pública de nuestra sociedad”.

Las sospechas también se direccionaron hacia grupos privados que prestan servicios en la web y son contratados para estos fines, “por ser las víctimas todas referentes ubicadas en el plano de la oposición, pensamos que pueden ser los famosos trolls, esos grupos paraestatales que se dedican a generar confusión en las redes sociales y operaciones comunicacionales”, indicaron desde Hijos Rosario.

No descartaron tampoco que se trate “directamente de servicios de inteligencia, siguiendo los viejos manuales de la dictadura, con la intención de producir los definidos “hechos de acción psicológica, y de hacernos sentir que todos estamos siendo espiados”, añadieron.

Para Hijos, “en cualquiera de los casos, se debe iniciar una investigación, seguir la línea de los números de teléfono o dispositivos creadores de estos grupos, para encontrar y sancionar a los responsables”.

Entre los centenares de personas amenazadas en los grupos aparecen diputados nacionales como Josefina González y Lucila De Ponti, concejales como Norma López, Eduardo Toniolli y Marina Magnani, dirigentes sociales como Alejandra Fedele, integrantes del movimiento de derechos humanos como Ana Moro, Iriz Perez, Pablo Álvarez, Juane Basso, Nadia Schujman, dirigentes sindicales como Javier Almirón y Paulo Juncos; el ex Defensor General de la provincia Gabriel Ganón, el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Marcelo Trucco y el fiscal federal Adolfo Villate, entre tantos otros y otras.