En Argentina existen 266.711.077 hectáreas de tierras rurales aptas para la explotación agropecuaria, ganadera, vitivinícola o minera. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un 5,57% (12.520.826 hectáreas) de ese total, son hoy propiedad de extranjeros.
La superficie equivale a casi la mitad de la provincia de Misiones, o 622 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según reveló un informe conjunto elaborado por la periodista Maia Jastreblansky para el diario porteño La Nación y el sitio de fact cheking Chequeado.
La nacionalidad foránea con más propiedad rural en el país es Estados Unidos, seguida de Italia (2,1 millones de ha), y España (1,8 millones de ha).
Si se desglosa provincia por provincia, se advierte que en Santa Fe hay 200.494 hectáreas en manos extranjeras. Las provincias que muestran números más altos son: Salta (1.727.411 ha); Mendoza (1.175.568 ha); Santa Cruz (1.164.729), Buenos Aires (907.309 ha) y Catamarca (901.308).
San Juan, Chubut, Corrientes, La Rioja, Santiago del Estero y Neuquén les siguen, en ese orden y con variaciones, pero todas con más de 500.000 hectáreas de propiedad extranjera.
Entre los mayores terratenientes del país figuran grandes empresarios como Joseph Lewis, cercano al presidente Mauricio Macri, pero también personalidades locales como Marcelo Tinelli, Gabriel Batistuta o Emanuel Ginóbili. Incluso Huberto Roviralta, ex pareja de Susana Giménez.
Se añaden grandes extensiones en manos de elefantes foráneos como Glencore o el Grupo Benetton (que aparece a través de Compañía Tierras del Sud), según consigna el informe, que suma la existencia de propietarios ignotos, camuflados bajo sociedades offshore.
Acorde a las cifras publicadas, obtenidas de fuentes oficiales, casi 2 millones de hectáreas pertenecen a firmas radicadas en jurisdicciones catalogadas como paraísos fiscales. Dato curioso: Es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los principales destinos offshore.
Hecha la ley, hecha la trampa
En el último tiempo viene escalando la conflictividad en algunos puntos del territorio por reclamos de comunidades indígenas, pero también a raíz de potenciales problemas ambientales y económicos.
El hito en esa escalada fue la muerte de Santiago Maldonado, que llevó ese conflicto a las portadas nacionales, debido al controversial accionar de la Gendarmería Nacional para disipar un corte de ruta que efectuaban comunidades mapuches en reclamo de tierras dentro de la estancia Leleque, de los empresarios italianos de Benetton, en Chubut.
Hacia el sur, por la ruta 40, un grupo de vecinos realizó el año pasado la marcha por la «soberanía al Lago Escondido» para reclamar por senderos públicos dentro del predio que pertenece a Lewis.
Según la Ley 26.737, que estipuló el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011 e impulsada por el kirchnerismo, un titular foráneo no puede superar el límite de mil hectáreas en la «zona agrícola núcleo»(regiones fértiles del norte bonaerense, sur de Santa Fe y sur de Córdoba), o las equivalencias de cada provincia.
Además, las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Tampoco una misma nacionalidad puede superar el 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país.
La norma reglamentó hacia adelante, es decir que no alcanzó a quienes ya poseían tierras. De ese modo, hay más de 40 distritos «excedidos», que superaban los límites que luego impuso la ley, de acuerdo con datos oficiales.
La política respecto a la compra y venta de territorio por parte de extranjeros fue una de las cosas que sí cambió en la gestión de Mauricio Macri. A diferencia del kirchnerismo y en su intento de dar señales market-friendly para atraer inversores, el Gobierno otorgó mayores libertades a la venta y recompra.
Además, la actual administración ajustó algunos términos de la fórmula para contabilizar las tierras de posesión extranjera.
Como resultado, entre enero de 2016 y septiembre de 2017, el Registro Nacional de Tierras Rurales entregó 172 certificados de habilitación a nuevos propietarios de extranjeros, según cifras públicas solicitadas para el informe.
Mendoza es la provincia donde se entregaron mayor cantidad de certificados a extranjeros: 75 por 11.784 hectáreas, en su mayoría para viñedos. Estadounidenses, canadienses, brasileños y chilenos invirtieron en los últimos dos años en la actividad vitivinícola mendocina.
En tanto, por la modificación técnica en los cálculos de tierras, 12 provincias redujeron las tierras en manos foráneas: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza Misiones, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe.
En contrapartida, otras siete aumentaron la extranjerización: Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Tucuman.
Según explicaron desde el RNTR, las bajas en los porcentajes de extranjerización se debieron a que esta gestión estableció que «había nacionales o residentes considerados por error como extranjeros», sociedades constituidas en el extranjero «pero integradas en un 100% por nacionales», empresas que se vendieron a nacionales y tierras que fueron recategorizadas como «parcela industrial».
