Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

El Senado debatió este martes en comisiones dos iniciativas vinculados a hechos de inseguridad: la ley de protección a las víctimas del delito, impulsada por el colectivo “Para que no te pase”, y la libertad de los violadores, a través de un nuevo régimen de excarcelaciones.

La ley de víctimas fue tratada en plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda, que ya desarrolló rondas de consultas con especialistas y familiares. Esta vez, en el Salón Illia, donde expusieron Fernando Díaz Cantón (abogado y docente de la UBA), Raquel Asensio (miembro del Ministerio Público de la Defensa) y Carolina Píparo (baleada por “motochorros” en una recordada salidera bancaria en 2010).

Diputado Luis Petri

El proyecto fue presentado por el legislador Luis Petri, quien dijo a este medio que «el proyecto fue presentado en 2012 en Mendoza, pero el crimen de Micaela García volvió  poner en agenda el grave problema que tiene Argentina en la materia» y agregó que la iniciativa busca «que las condenas se cumplan, cuando un tribunal impone una pena se debe cumplir en su totalidad siempre que se trate de delitos graves».

El iniciativa fue aprobada en Diputados en 2016 y busca que el Estado de garantías de atención integral de las víctimas y patrocinio legal gratuito. Sin embargo, oficialismo y oposición trabajan en reformas al texto original, lo que pospondría la sanción de la ley.

La iniciativa prohíbe las salidas transitorias y libertad condicional a los autores de delitos graves, y establece que los jueces deberán cumplir un protocolo para liberar a los imputados cuando se encuentre en peligro la víctima del delito, evaluar el historial criminal completo, los informes médicos y psicológicos actualizados, y la opinión de las víctimas, entre otros elementos determinantes, antes de conceder la excarcelación.

Senador Rodolfo Urtubey

Tras la reunión Conclusión dialogó con el senador Rodolfo Urtubey y su par de Mendoza Julio Cobos. El senador salteño sostuvo que» la ley 24.660 fue muy buena pero los liberados no tienen control en Argentina, las revocaciones de libertad condicional que suceden no es por el control del Patronato de Liberados sino por la comisión de delitos, más del 90%de las revocaciones de libertad condicional es porque la persona comete un nuevo delito, es decir un delito grave».

«Todos sabemos que el Patronato de Liberados estuvo sumido en una crisis durante dos años hasta que fue  convertido en una repartición estatal dependiente del ministerio Público, en el caso de Buenos Aires están colapsados porque además se les encargó la supervisión de los sometidos de juicios a prueba, después se le sumó los condenados de ejecución condicional, así que se amplió el universo de personas a las que tenía que supervisar pero no lo hizo con nadie, esta es la realidad», describió el legislador salteño.

También apuntó Urtubey que «no hay equipos interdisciplinarios en los juzgados de ejecución porque están todavía en formación, a pesar que la ley tiene muchos años, y si bien se hacen leyes perfectas desde lo teórico, el Estado no puede controlar a nadie, que no es por ausencia del marco normativo, sino que se trata de un tema recurrente del Estado: Argentina crea buenas instituciones y no le provee de los recurso y los medios como de la organización humana para que funcionen eficientemente», manifestó.

Senador Julio Cobos

En tanto que el congresista Julio Cobos rescató «que se escucharon testimonios conmovedores por todo lo que han padecido a partir de la pérdida de seres queridos, se vio la falta de coordinación y de protocolos de un Estado presente en este tipo de ayuda que se debe dar a las víctimas, esperemos que esta ley sea tratada rápidamente y se saque el dictamen que propuse al terminar la reunión».

Respecto de los tiempos para la aprobación, Cobos señaló a este medio que el jueves «se inicia el debate de otra ley vinculada con esta realidad, y pensar que por cada delito que se comete hay por lo menos una víctima pero son más, por ello bregamos por una ley que acciones en dos sentidos: la resocialización pero ser más severos en delitos aberrantes restringiendo la salida transitoria y la libertad condicional por violaciones y homicidios».

En relación a la ley aprobada en Diputados, Cobos precisó que «hay un gran consenso en el espíritu de la ley aprobada en la Cámara baja» y abundó que «en lo personal y lo que considera el bloque votaremos tal cual como llegó de Diputados, y esperamos que en un plazo de 20 días se pueda votar la reforma».

Otro de los aspectos que la legislación adeudaba a la sociedad es la creación de un registro nacional donde cada juez deberá ingresar y actualizar las detenciones, libertades, rebeldías, fugas y capturas, lo cual le permitiría al Poder Judicial saber cuántas personas están realmente en prisión y cuántas son buscadas por las autoridades.