Funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe expusieron sobre la experiencia positiva de la provincia con respecto a la protección de víctimas durante la asamblea plenaria del Consejo Federal de Justicia (Cofejus) que se realizó en San Juan. En la oportunidad, los presentes debatieron sobre temas relacionados con la justicia en el que los ejes centrales fueron la protección a las víctimas y la nueva legislación nacional, además de la problemática de la justicia laboral.
La asamblea plenaria, que fue encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, sesionó este lunes y martes en el salón Cruce De Los Andes del Centro Cívico de la ciudad de San Juan. El objetivo de la actividad fue conocer las realidades de cada provincia y sistematizar el trabajo en conjunto entre el gobierno nacional y los provinciales, principalmente en lo referido a protección de víctimas y justicia laboral.
En la oportunidad, se firmó una carta compromiso para la implementación de la Ley nacional de Víctimas con la independencia y autonomía de las normas provinciales.
Lisandro Martínez Gorostiaga, subsecretario de Asuntos Penales de la provincia, destacó que el gobierno santafesino “viene adoptando ampliamente estas cuestiones, por lo que nos pusimos a disposición de las demás provincias y del Estado nacional para transmitir buenas prácticas a través de la experiencia que llevamos adelante desde el año 2009 a la fecha”.
“Nosotros expusimos nuestra experiencia de vanguardia, detallamos nuestro código acusatorio procesal penal con amplias facultades a las víctimas y querellantes, describimos el trabajo que se realiza desde los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) y contamos los alcances de la Ley de Protección a Testigos, aprobada en 2015, en la cual venimos avanzado. Todo este trabajo que la provincia realiza hace años positivamente, las demás provincias comenzarán a implementarlo luego de adherirse a la Ley nacional”.
El subsecretario detalló que “la idea desde la Nación es replicar el modelo exitoso que estamos llevando adelante desde el gobierno provincial para que las otras provincias y el Estado nacional puedan asesorar y patrocinar a víctimas de delitos con resultados como los que hemos obtenido en Santa Fe, desde los CAJ”.
Martínez Gorostiaga remarcó la importancia de la reforma al Código Procesal Penal, impulsada por el Ejecutivo y que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia. “Este proyecto que impulsamos es muy importante, tiene mucho tiempo de trabajo atrás y una vez que se ponga en funcionamiento será vital para el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de Justicia que brinda la provincia”.
El funcionario detalló que “en la provincia vamos a encarar una reforma integral en el fuero laboral que incluya un nuevo Código, agilizar el proceso y sumar infraestructura y nuevos juzgados como se hizo hace unos años con el fuero penal. El objetivo es modificar el Código Procesal Laboral para que el proceso sea ágil, menos burocrático, con más oralidad y digitalizado”, concluyó.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se comprometió a brindar apoyo económico y técnico con el objetivo de colaborar con la asistencia de las víctimas de delitos de competencia de la justicia ordinaria.
La asamblea
Durante el Cofejus sesionaron las comisiones de trabajo de Política criminal, Acceso a la justicia, Asuntos penitenciarios y Derecho privado. Allí, se habló de la descentralización y los trámites digitales, de la creación de un registro público de prófugos de la justicia, de la importancia de crear un programa de reducción de violencia y prevención de conflictos en ámbitos penitenciarios y se invitó a las provincias a que identifiquen las figuras delictivas a ser ajustadas o incorporadas al Código Penal.
Por último, se reunió el Consejo Federal Penitenciario (Cofepe), ámbito en el cual se anunció que el gobierno nacional firmó la resolución de pago por 45 millones de pesos de la deuda contraída por el Servicio Penitenciario Federal por la manutención de presos federales a las provincias de Santa Fe, Catamarca, Córdoba, Salta, San Juan, San Luis y Misiones.
