El titular de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra), Juan Carlos Schmid, convocó al gobierno y a la dirigencia nacional a «consensuar políticas de Estado en diversas áreas para el beneficio del país» y aseguró que ello sería «una excelente oportunidad para que el conjunto tome conciencia de la importancia de los intereses argentinos en el mar y en su subsuelo».

A través de un escrito el sindicalista convocó a estar atentos y reflexionó que  «es preciso no ser ingenuos, porque los derechos reconocidos por la comunidad internacional pueden ser meramente declarativos si la ciudadanía no los efectiviza y ejerce sobre cada rincón de la geografía, porque no transcurriría mucho tiempo antes de ser cuestionados en la práctica y hubiese que litigar en diversos foros y por varios medios para que esa soberanía fuese efectivamente real».

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«Con mucha inteligencia se construyó la Hidrovía Paraná-Paraguay, pero a partir de la desidia política, la ausencia de estrategia empresaria y el desmantelamiento de la industria naval, se logró que Paraguay se convirtiese en potencia mundial respecto de las flotas fluviales. El tráfico actual por los ríos, que en un 95 por ciento es de soberanía argentina, se realiza en barcos de bandera de otro país. Mientras la Nación procura priorizar la defensa de sus fronteras terrestres, idéntico cuidado no dedica sobre ese otro país húmedo, cuyas dimensiones se ampliaron», puntualizó.

El dirigente gremial enfatizó que se trata de uno de los reservorios de recursos naturales con mayor proyección futura por sus pesquerías y subsuelo, rico en minerales, petróleo y gas, además de su relevancia como elemento estratégico, por lo que ante «el desafío de su custodia, hay que remitirse a Brasil».

«Al descubrir las riquezas marítimas de Campo Tupí (petrolífero) y Campo Júpiter (gasífero) en 2006 y 2008 el gobierno de Inacio Lula Da Silva modificó rápidamente la doctrina naval del país, refundando así la Armada en su flota y fuerza aeronaval con un programa de reequipamiento que incluyó la construcción de submarinos atómicos. No se trata de promover una carrera armamentista, como querrá ver algún malintencionado», añadió.

La Argentina está ante un desafío similar -agregó-, con el agravante del deterioro de sus fuerzas navales desde hace décadas y la inexistencia de una marina mercante que asegure de forma independiente su comercio exterior, en tanto su sistema de dragas estatales, imprescindible para mantener los canales de acceso y la operatividad de los puertos, está en «un punto de colapso».

También afirmó que de esa forma «será difícil ejercer derechos efectivos sobre el espacio marítimo soberano, pero en el pasado el país fabricó buques graneleros, petroleros y de transporte; supo construir submarinos y logró, por políticas de Estado desde los ’50, armar un complejo industrial de altísima sofisticación; sustentado en una fuerte demanda interna, con un sistema de escuelas técnicas y carreras universitarias especializadas que ofrecieron capacidad inédita y fue pionero en América Latina».

Schmid se refirió a estos temas al reseñar que, en su momento, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, órgano de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, respaldó el planteo argentino del límite exterior de esa plataforma, que sumó a la soberanía nacional casi 1.800.000 kilómetros cuadrados.

Los estudios técnicos, científicos y jurídicos para fijar el límite externo de esa plataforma continental comenzaron en 1997; demandaron 12 campañas oceanográficas y concluyeron con la presentación, en abril de 2009, de la posición argentina.