La Cámara de Diputados aprobó en las primeras horas de hoy con 223 votos a favor y 5 en contra el proyecto que estatiza la administración del sistema ferroviario, con un amplio consenso entre oficialismo y oposición.
La iniciativa del Poder Ejecutivo que propone crear la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado -que administrará todo el sector ferroviario nacional- fue girada al Senado tras poco más de 13 horas de debate.
Además del Frente para la Victoria, votaron a favor los bloques de la UCR, PRO, Frente Renovador y Coalición Cívica, mientras que el Frente de Izquierda (FIT) votó en contra y seis diputados se abstuvieron: los tres diputados del GEN, más Alcira Argumedo (Proyecto Sur) y Claudio Lozano (Unidad Popular).
La sesión especial en Diputados contó además con la presencia en uno de los palcos del recinto del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien en declaraciones a la prensa sostuvo que el proyecto dará al Estado «la posibilidad de convenir las concesiones, entendiendo que es innegociable la potestad sobre las vías».
Esta idea fue remarcada luego por la jefa del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, quien señaló que «con la aprobación de la ley caerán de hecho las concesiones» y «se revisarán todas».
Poco después de las 12.30, la diputada oficialista María Eugenia Zamarreño, presidenta de la comisión de Transporte, encaró la defensa inicial del texto y afirmó que busca que «el Estado nacional vuelva a asumir una potestad que le es propia, pero que le fue entregada a los privados».
Zamarreño subrayó que debido a un «bochornoso proceso privatizador de la década de 1990», el Estado «era dueño de las vías pero no podía utilizarlas», y contrastó que el Gobierno «mediante este proyecto de ley se le devuelve al Estado la potestad sobre las vías».
A su turno, el diputado del Frente Renovador Felipe Solá justificó el apoyo del massismo, al señalar que se trata de un «intento válido de mejorar un desastre», al tiempo que expresó críticas a la política ferroviaria de los últimos años, particularmente en el transporte de cargas, por haberse concentrado en camiones.
En tanto, el diputado del PRO Federico Sturzenegger señaló que el texto es «interesante» porque «no es el extremo del nacionalismo absoluto ni el de la privatización absoluta, busca un balance».
«Con este proyecto se reactivará la inversión privada y pública», estimó el macrista e indicó que en caso de que el PRO llegue al Gobierno en diciembre «superará los 16 mil millones de dólares».
Por su parte, el radical José Cano afirmó que se trata de «un tema que tiene que ver con un país que define una política de Estado» y, pese a opinar que «falta autocrítica del Gobierno», afirmó: «Bienvenido sea que empecemos a escribir otra historia».
Lozano se diferenció al asegurar que «elude hablar de lo que el justicialismo hizo e intenta colocar un punto de inflexión desde 2003 que en verdad no existió», porque «el verdadero punto de inflexión es la masacre de Once, la pérdida de vidas humanas como consecuencia de la desidia».
También la diputada del GEN y precandidata presidencial Margarita Stolbizer tomó distancia de la iniciativa, por entender que responde a «un problema más de relato que de vocación sincera de producir un cambio» y agregó: «Estamos más que nada ante las consecuencias de un colapso del sistema ferroviario que a una renovación del sistema».
El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, por su parte, consideró que «es un proyecto de impunidad de 20 años de entrega y vaciamiento ferroviario» y recordó el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra durante una protesta de ferroviarios, a manos de una patota gremial.
Principales puntos del proyecto
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y que ahora deberá tratar el Senado crea una nueva empresa estatal que estará encargada de articular todo el sector ferroviario pero mantendrá un modelo mixto para la prestación del servicio, cuyos puntos principales son:
- La iniciativa declara «de interés público nacional y como objetivo prioritario la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas», que incluye «la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías» para la «modernización» del sistema ferroviario.
- Establece como uno de los principios de la política ferroviaria «la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte público ferroviario».
- Precisa que el Poder Ejecutivo «deberá adoptar las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su caso renegociar los contratos de concesión suscritos» con las empresas privadas. Con ese fin, se establece la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que tendrá como objetivo articular todo el sector ferroviario nacional y que absorberá a la Administradora de Infraestructura Ferroviaria (AIF), la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística.
La empresa tendrá un directorio compuesto por seis miembros: un representante de la Secretaría de Transporte; los presidentes de AIF, SOFSE y Belgrano Cargas; dos representantes de los gremios del sector y un representante de los usuarios designados por el Ministerio.
- El articulado también fija la «modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas» y también de pasajeros, esto último solicitado por la oposición durante el debate en comisiones. La modalidad de acceso abierto implica que «cualquier operador ferroviario pueda transportar carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de carga o destino».
