Por Aldo Battisacco, desde Buenos Aires
En la maratónica sesión de este miércoles en Diputados, otro de los proyectos aprobados por amplia mayoría (266 votos) es el que declara “de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos con Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA)”, reconocido como Ley de Dislexia.
Al fundamentar el proyecto proveniente del Senado, el radical José Luis Riccardo señaló que esta problemática “refleja el reclamo de muchas familias, por las dificultades que atraviesan sus hijos en el aula, ya que el sistema educativo no ofrece suficientes respuestas e instrumentos integradores para esta problemática”.
El legislador manifestó a Conclusión:»El proyecto de dislexia es un proyecto para la patológicas especificas del habla, lectura y escritura, esta iniciativa surgió de padres y docentes, y significa un gran reclamo por el derecho a poder educarse en las mismas condiciones que el resto de los alumnos. Este proyecto contempla el apoyo docente e institucional de la escuela, ademas reconoce las dificultades para poder otorgarles los mecanismos y las herramientas pedagógicas para que los niños puedan avanzar, no sólo en lo referente a los conocimientos sino también en su autoestima y confianza, de otra manera muchos de ellos terminarían abandonado la escuela, es un gran paso para estos chicos», sintetizó el legislador.
En el recinto
Para la diputada del Frente para la Victoria, Luana Volnovich, el proyecto «tiene una visión reduccionista de la problemática”, porque “pretende otorgar a los docentes competencias en las escuelas para la detección de los síntomas”.
Y advirtió que «podría terminar abriéndole las puertas a un negocio de los laboratorios», y se manifestó a favor de la iniciativa de su bancada, que plantea que “el docente a cargo de la escuela requiere un acompañamiento del Estado, pero ellos no pueden ser responsables de advertir los síntomas”.
En tanto que, la macrista Alicia Besada aseguró que “legislando esta ley estamos demostrando que nos interesa lo heterogéneo”. Y agregó que “los docentes agobiados ya no se van a preocupar tanto por apuntalar, porque van a tener ayuda en esa tarea”.
Por el Frente Renovador, Cecilia Moreau indicó que “se apunta a integrar e igualar a los chicos que enfrentan estas dificultades, al igual que a sus familias, que se enfrentan a un sufrimiento oculto”. Y requirió por parte del Estado “ la responsabilidad de supervisar la educación para todos; pero en este caso creemos que deben tener especial atención” afirmó.
Desde el bloque Justicialista, el diputado Héctor Tentor, anticipó el apoyo al proyecto, porque “da visibilidad a quienes están padeciendo dificultades de aprendizaje”, y reveló que su bancada «está elaborando un proyecto para avanzar con métodos alternativos para la enseñanza, más allá de la lectoescritura».
La expresión socialista, a traves de Gabriela Troiano subrayó la necesidad de prevenir, y alertó sobre un proyecto que “duerme en la Cámara de Diputados”, y tiene su origen en una prueba que se realiza a los chicos antes de los 6 años, podría detectar estas situaciones y tratarlas anticipadamente. En el mismo sentido, señaló que el proyecto vino del Senado y cuenta con aprobación en la Comisión de Salud, y “permitiría prevenir estas situaciones. Es una ley cuyo objetivo es la prevención, que evitaría que los niños sean sometidos a bullying”.
Para el diputado Gilberto Alegre, este proyecto le quita responsabilidades al Estado, e insistió en la necesidad de «que haya gabinetes psicopedagógicos en todos los establecimientos educativos para atender estas situaciones».
Además, el legislador se quejó por la falta de estadísticas, y se preguntó cuántos alumnos no saben leer a temprana edad y no necesariamente por dislexia. “Lo que yo estoy planteando es aprobar este proyecto, pero no debemos por ninguna casualidad quitarle responsabilidad al Estado en poner gabinetes psicopedagógicos para acompañar a los padres en dificultades que no tienen acceso a las obras sociales” reiteró el diputado.
La ley fue propuesta por la senadora María Laura Leguizamón y obtuvo media sanción en octubre de 2015; además, es impulsada por la Asociación Dislexia y Familia (DISFAM). El proyecto incluye el tratamiento de esta enfermedad en el Plan Médico Obligatorio (PMO), por lo que quedaría bajo la cobertura de las obras sociales y prepagas.
