Un revés doloroso para los pueblos fumigados, un nuevo golpe a la defensa de la calidad de vida y los sueños de un presente sin venenos. La extensión descomunal de la frontera agrícola, ha dejado expuestos de sobremanera a aquellos que contemplan como el negocio se impone por sobre los derechos humanos.

Fumigaciones a escasos metros de viviendas y de escuelas rurales, fue lo que comenzó a impulsar una resistencia que lleva más de dos décadas y que fue creciendo en consistencia y empoderamiento a través de los años. Sin embargo, el execrable cerco mediático, el demoledor lobby agrario y la complicidad del poder político, se han encargado que los días de aquellos que sufren la desidia de los antes mencionado, sigan teñidos de oscurantismo e incertidumbre.

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En la sesión número 20 del período ordinario 136, volvió a perder estado parlamentario, sin tratamiento en la cámara de origen, el proyecto de la multisectorial Paren de Fumigarnos. El mismo buscaba modificar la vetusta ley provincial 11.273, mal llamada «de fitosanitarios», para los pueblos fumigados, «ley de agrotóxicos».

La norma tiene más de dos décadas de antigüedad ya que fue sancionada el 28 de septiembre de 1995, es la que regula el uso y la comercialización de productos agroquímicos en la provincia de Santa Fe. Duramente cuestionada por los pobladores fumigados por ser ineficaz para generar resguardo frente al aumento exponencial del uso de agrotóxicos para la producción agroindustrial. La misma tuvo varios intentos de ser reformada, incluso a través de iniciativas de organizaciones ambientales como la que impulsó la multisectorial Paren de fumigarnos que hoy vuelve a quedar fuera de carrera.

De vigencia anterior a la introducción de los organismos transgénicos en el país, se intentó reformar la normativa a partir del 2010. Horacio Brignone es un vecino fumigado de María Juana, y coautor de proyectos y ordenanzas locales , en diálogo con Conclusión sostuvo: “Lo primero que hay que decir es que nunca la legislatura tuvo intención de votar nada que incomode al agronegocio. Es decir, a las distintas gremiales, llámense Federación Agraria, Sociedad Rural, colegios de ingenieros agrónomos, corporaciones semilleras, exportadoras, CARBIO (productoras de agrocombustible), Fundación Libertad, Bolsa de Comercio y en general, todo el conglomerado de presión al que jamás tuvieron intenciones de contradecir”.

Brignone es un estoico luchador que lejos está de bajar los brazos ante tamaño poder consolidado. “Por mi parte, viviendo a 100 metros del campo, estoy visitando despachos legislativos desde 2010, a partir del caso de San Jorge y mirando ahora ese recorrido concluyo que todos eran montajes sin intenciones de aplicar la ley ni la constitución. Hago referencia al principio precautorio de la ley general del ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional que garantiza un ambiente sano. Y realmente nunca pedimos cosas extremas, sólo algunas medidas elementales de protección. Como simples ciudadanos lógicamente en algún momento tuvimos esperanza, nos ilusionamos, novatos en el conocimiento de estos vasos comunicantes políticos empresariales”, indicó.

El camino de los proyectos y ordenanzas, chocarían una y otra vez con el inmenso lobby agrario y las dilaciones provenientes de la misma Cámara de Diputados. “La primera ley con media sanción fue votada en diputados sabiendo que no pasaba el filtro del Senado. El medio ambiente da micrófonos, notas y con el fondo del impacto mediático, el bloque del oficialismo presentó otra firmada por el senador Juan Carlos Zabalza al solo efecto publicitario y así fue que caducó a fines de 2012”, cuenta Horacio Brignone.

“El proyecto que armamos desde los pueblos fumigados y que ofreció firmar en primer lugar el ex diputado Tessa en 2013, fue otra zanahoria con la que nos entretuvieron dos años para finalmente votar el proyecto de la agrodiputada Inés Bertero. Como seguramente tenían planeado desde el principio, a tal punto que algunos de los mismos firmantes de nuestro proyecto ni siquiera lo votaron, como el caso del diputado Santiago Mascheroni que se ausentó el día de la votación”.

La actualidad muestra un escenario de enorme similitud, “algo no muy diferente sucede hoy con el nuevo proyecto que acaba de perder estado parlamentario encabezado por el bloque de Del Frade y Meier, el cual, como constatamos en los medios, no motivó ni siquiera públicos y airados reclamos, como era de esperar considerando la epidemia de cáncer que asola nuestros pueblos, sin ninguna exageración”, enfatizó.

L a violación a los derechos humanos básicos, se da de una manera tan explícita como indignante. “Recordemos que promediando 2018, el diputado Busatto presentó su propio proyecto con algunas propuestas interesantes pero mirando a esta legislatura como un todo, estoy autorizado a pensar que se parece mucho a otro modo de mantenernos «en expectativa» y nada más. Es muy difícil encontrar inocentes. El problema es que lo nuestro es casi una cuestión de supervivencia y no es posible pensar que la gente se va a resignar a vivir en una perpetua ruleta rusa viendo como enferman y mueren vecinos y parientes. Hay localidades que han confeccionado mapas del cáncer, pude ver algunos y son escalofriantes”.

Para concluir Brignone relató: “Lo que muchos constatamos es que con este modo de funcionamiento de toma y daca de la legislatura no es esperable alguna medida a tono con nuestras urgencias si eso implica confrontar con el agronegocio.  No sería recomendable seguir perdiendo tiempo e inútiles esperanzas allí. Pero algo habrá que hacer, sin perder la perspectiva y utilizando la mala experiencia acumulada”.

Queda claro que los vecinos fumigados son los que deben encabezar aquellas organizaciones que propugnen por un cambio de paradigma. La soledad, la indiferencia y la criminalización, siguen siendo las armas que propios y extraños utilizan para denostar o minimizar el impacto que genera a la salud este modelo productivo. La tierra en pocas manos, el cultivo como mercancía, un presente descascarado por las mezquindades que nos empuja a proyectar un futuro con más hambre y enfermedades. ¿Hasta cuándo?