Por Alejandro Maidana
Meses atrás, más precisamente en julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 rechazó la excarcelación de Sebastián Romero, militante del PSTU y conocido por su activa participación en repudio a las políticas macristas, con el apodo del <Gordo Mortero>. El mismo se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria desde julio del 2020, ya que hay que destacar que había estado privado de su libertad desde el 29 de mayo, luego de su captura en Uruguay y su extradición a la Argentina.
El juez que entiende en la causa, es Feliciano Ríos, letrado que al igual que sus antecesores, ha continuado en la utilización de argumentos inconsistentes y anticonstitucionales para garantizar la privación de la libertad de Romero. El delito por lo cual se ha perseguido y encarcelado a quién dedicó 13 años de su vida a una empresa multinacional como GM, es excarcelable, ya que no le causó daño a nadie, lo cual manifiesta a las claras que el rol de la justicia intenta ser disciplinador de la protesta social, algo que al propio Estado le sienta cómodo.
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Sebastián Romero, quién ha dialogado en sendas oportunidades con Conclusión, sostiene hasta el hartazgo que su causa es tan ridícula como arbitraria. El dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, fue acusado de oponerse a una ley de movilidad jubilatoria que empujó a una movilización masiva de más de 300 mil trabajadores, es decir, no lo hizo en soledad y de manera antojadiza. Un dato que puede quedar afuera, es que fue la propia Justicia quién declaró inconstitucional el proyecto que intentó establecer Juntos por el Cambio.
Un ejemplo tangible que podemos utilizar para comprender la arbitrariedad de la justicia argentina para con la protesta social, es Francia, allí el propio código penal enmarca que toda causa derivada de una movilización pierde mérito si la medida es retirada luego por el gobierno, o declarada inconstitucional por la Justicia. En la Argentina el statu quo se encuentra muy bien custodiado.
El 18 de diciembre de 2017, y tras una maratónica sesión, la Cámara de Diputados convertía en ley el proyecto de reforma previsional que modificó el sistema de actualización de los haberes a los jubilados. La iniciativa se aprobó con 127 votos, aportados por la entonces coalición oficialista y por los legisladores de Argentina Federal que respondían a gobernadores del PJ, mientras que el Frente para la Victoria, el massismo, Compromiso Federal y la izquierda votaron en contra. Ese fue el día en que la humanidad de Sebastián Romero, cobraría una magnitud inimaginable luego de una movilización social que aglomeró a cientos de miles.
Una precandidatura que encendió la polémica
El próximo 12 de septiembre se van a llevar a cabo las PASO 2021, elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que dirán quiénes sorteando el piso prescriptivo de votos que exigen las mismas, podrán participar de las generales el 14 de noviembre. Santa Fe es una de las provincias que presenta una oferta electoral muy variada, y allí emerge la figura de Sebastián Romero como precandidato a senador suplente por el FITU. “Me encuentro transitando prisión domiciliaria en Buenos Aires hace ya más de un año, aún sin fecha de juicio alguno. Mis compañeros Daniel Ruiz y César Arakaki están llevando adelante un proceso judicial con más de cien testigos que aún no han podido corroborar los delitos por los cuales se los acusa, los tres transitamos el mismo camino, el de la persecución”, sostuvo Romero en diálogo con Conclusión, medio al cual siempre le ha brindado su palabra.
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Una precandidatura que busca interpelar profundamente las decisiones judiciales que aún lo tienen privado de su libertad. “Seguimos en la lucha contra la criminalización de la protesta y diciéndole basta a los presos políticos en Argentina, indicando que en la actualidad yo no soy el único, ya que también se encuentran soportando la arbitrariedad judicial Milagros Sala y Luis D’Elía. En estos últimos días llamó muchísimo la atención de distintos medios de comunicación mi precandidatura política por mi condición, pero es preciso destacar que desde el Frente de Izquierda Unidad consideramos pertinente criticar la persecución y la criminalización”.
La aparición de su nombre en las listas del FITU para disputar las PASO, generó un verdadero cimbronazo en los medios hegemónicos, situación que empujó a tener una participación activa en los mismos. “En esta oportunidad mi precandidatura es a senador suplente por la provincia de Santa Fe, destacando que mi compañero Daniel Ruiz lo hará por Chubut. En lo particular, más precisamente en esta última semana, tuve mucha participación en los medios de comunicación, evidentemente mi precandidatura generó mucho rechazo e incomodidad. Mi condición de procesado, sumado a mi enfrentamiento con la policía con un mortero casero en plena represión, alertó a los medios masivos una vez conocida mi participación en las próximas elecciones. Me hubiese gustado tener la posibilidad de hablar de lo anticonstitucional de mi detención mucho tiempo antes, pero no eso no sucedió”, enfatizó.
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Sobre las propuestas de su construcción política, y la lectura de la actualidad económica y social del país, Sebastián Romero expresó: “Mi candidatura está al servicio de un programa independiente, de las y los trabajadores, con una postura muy concreta sobre el no pago de la deuda, y que ese dinero se utilice para obras públicas, viviendas y educación. La crisis en la cual nos sumió Mauricio Macri, se siguió agudizando con el gobierno de Alberto Fernández, la pobreza y desocupación, sumado a la perdida de conquistas laborales junto al crecimiento de la precarización, hacen que el programa del Frente de Izquierda Unidad sea el que marque la salida a estos flagelos”.
