La mayoría de los gobernadores del país se presentaron este martes al Encuentro Federal por la Memoria, que la AMIA organizó en su sede en el marco de los 30 años del atentado terrorista del 18 de julio de 1994. En el acto, los mandatarios suscribieron una declaración conjunta en la que dejaron de manifiesto su compromiso con el ejercicio de la memoria y el pedido de justicia.

Al llegar al edificio de Pasteur 633, los representantes provinciales participaron de una ceremonia en la que se honró la memoria de las 85 personas que fueron asesinadas en la masacre del 18 de julio de 1994. Cada gobernador tuvo a su cargo el encendido de una vela en homenaje y recordación a las víctimas fatales del ataque terrorista, y escucharon las palabras del presidente de la institución, Amos Linetzky.

Asistieron a la sede de la institución los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Además, estuvieron en el edificio de la calle Pasteur en el barrio porteño de Once, Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), y Gustavo Sáenz (Salta).

Por la provincia de Río Negro, participó el vicegobernador Pedro Pesatti, mientras que por Misiones hizo lo propio Miriam Durán, representante de la Casa de esa provincia en la ciudad de Buenos Aires; en tanto que Juan Luis Ousset, jefe de gabinete de Neuquén, estuvo presente en nombre de su jurisdicción.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación, y Lisandro Catalán, vicejefe de gabinete del Interior, también asistieron al Encuentro en representación del Gobierno nacional, del que participaron presidentes de las comunidades judías de la Argentina.

Por otra parte, el titular de la entidad destacó al inicio del encuentro: «La democracia está incompleta sin justicia. Si una de las causas emblemáticas de la justicia argentina, de lo que fue el peor atentado del fundamentalismo terrorista que sufrió nuestro país sigue impune, entonces hay una enorme deuda pendiente. No hay una sola persona que haya respondido por este crimen de lesa humanidad».

Y agregó: «Haber podido recibir este martes a los gobernadores tiene, para AMIA, una importancia fundamental, porque nos permitió reforzar –con espíritu federal– el compromiso para mantener vivo el reclamo de justicia”, así fortalecer lo que siempre hemos recalcado: ”Quienes atentaron contra la sede no solo intentaron aniquilar a la institución madre de la comunidad judía de la Argentina, sino que cometieron un crimen contra toda la sociedad«.

Por su parte, el rabino de AMIA, Eliahu Hamra, compartió la oración El Maleh Rachamim, en recuerdo de las 85 víctimas fatales, momentos antes de que los gobernadores pasaran al auditorio de la institución, para firmar la declaración conjunta por la memoria y la justicia.

A través del acta que firmaron, los mandatarios provinciales se comprometieron a garantizar el cumplimiento de las siguientes acciones:

*Realizar y apoyar la organización de actividades tendientes a denunciar la impunidad vigente en la causa, y mantener vivo el reclamo de justicia, y el homenaje permanente a las 85 víctimas fatales de la masacre perpetrada el 18 de julio de 1994.

*Emprender iniciativas que promuevan la paz, la defensa de los derechos humanos, la convivencia en la diversidad, y que fomenten el ejercicio de la memoria colectiva para evitar el germen de toda acción de odio y discriminación.

*Asegurar que la educación sea un pilar central para transmitir valores de respeto, concordia y solidaridad, y para enseñar, a las futuras generaciones, las funestas consecuencias que el terrorismo y la violencia dejan en la sociedad.

*Contribuir con proyectos y programas sociales, culturales y educativos al combate contra el antisemitismo y la xenofobia, promoviendo una cultura de respeto y entendimiento mutuo.

*Fomentar la importancia que tiene para todo sistema republicano la apropiada administración de justicia, para la construcción de una sociedad justa y equitativa.