Durante la tarde de este martes, comisiones del Senado comenzarán a debatir las reformas de la Ley de Alquileres que impulsa Juntos por el Cambio, las cuales fueron aprobadas el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, por lo que ya cuentan con media sanción y esperan un pronto tratamiento en la Cámara Alta para transformase en ley.
La última vez que el Senado sesionó fue el 13 de abril. Desde entonces hubo algunos intentos para tratar propuestas –como la designación de jueces en la provincia de Santa Fe– pero la oposición no dio quórum para que la sesión se lleve adelante.
Pero ahora existe cierta celeridad, ya que muchos propietarios no están renovando los contratos de alquiler, a la espera de una normativa que les dé más beneficios. Esto agrava el panorama incierto para los inquilinos, ya que profundiza la falta de oferta de viviendas para rentar.
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Cabe destacar que las reformas a la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde julio de 2020, son impulsadas por Juntos por el Cambio y cuentan con la adhesión de otros bloques opositores. Los cambios, rechazados por asociaciones de inquilinos, proponen que los contratos se renueven cada dos años –no tres, como dice la actual legislación– y que los montos sean actualizados por un período y un índice acordado entre las partes, dejando atrás el aumento anual y fijado por un promedio entre la evolución salarial y la inflación.
El Senado calienta motores
La Comisión de Legislación General del Senado tendrá su reunión constitutiva este martes a las 17 y luego habrá un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar la modificación de la Ley de Alquileres, como también otros proyectos que ingresaron a la Cámara Alta.
El panorama en el Senado para convertir en ley la iniciativa es complejo, pero para nada imposible. Para llegar a los 37 votos con los que se aseguraría la aprobación, Juntos por el Cambio debe sumar a sus 33 legisladores otros cuatro votos más.
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Uno de esos cuatro provendría del gobernador electo de Río Negro Alberto Weretilneck, de quien descuentan que votará a favor dado que sus dos diputados nacionales así se expresaron en la votación de la Cámara Baja.
Los restantes tres votos son una incógnita, pero podrían venir de la mano de la misionera Magdalena Solari Quintana (del Frente Renovador de la Concordia), dado que uno de los dos diputados de ese espacio provincial, Carlos Fernández, votó a favor el miércoles pasado (el otro misionero, Diego Sartori, se ausentó alegando motivos de salud).
Finalmente, la llave para aprobar este proyecto estará en el bloque Unidad Federal, que está compuesto por cuatro peronistas ex Frente de Todos (el jujeño Guillermo Snopek, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider y la puntana Eugenia Catalfamo), y la schiarettista Alejandra Vigo.
En la Cámara de Diputados, los representantes de Córdoba Federal se dividieron: mientras que Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca votaron a favor, Natalia De la Sota lo hizo en contra.
Registro de deudores alimentarios
El plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto también tratará otras dos iniciativas además de Alquileres: la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) -que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 9 de noviembre del año pasado- y el proyecto de ley presentado por el senador fueguino Matías Rodríguez para modificar el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de permitir el cambio de nombre y apellido con y sin intervención judicial para víctimas de delitos contra su integridad sexual por parte de alguno de sus progenitores o ascendientes y descendientes.
El proyecto sobre Deudores Alimentarios Morosos tiene como objetivo conformar una base de datos dinámica y unificada de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional inscriptos en los registros jurisdiccionales. Quedarán inscriptos en el RENDAM las personas obligadas al pago de alimentos que tengan mora por falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas.
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El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y entrega o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública”, entre otros.
Además, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.
