Por Alejandro Maidana
Reducir la toma de tierras a una situación antojadiza, que viciada de ilegalidad pone en jaque el derecho a la propiedad privada, necesariamente estaría pateando -una vez más- hacia los márgenes de la historia un conflicto que nunca cesó en su profundización.
La ocupación en Guernica atravesó transversalmente a la sociedad en su conjunto, ocupando la primera plana de todos los medios de comunicación, tanto populares como aquellos que responden al establishment, volvió a poner en debate una problemática histórica, la del acceso a la tierra. Sumado a esta vital discusión, se abría un nuevo capítulo del recupero de tierras ancestrales en el sur del país por parte de distintas familias mapuches.
Bajo el eje de este conflicto coexisten distintos problemas. A la desprejuiciada concentración de tierras, se le suman las crisis económicas, un modelo productivo expulsivo y la inaccesibilidad a la vivienda. Es menester no tratar de reducir la discusión al crecimiento de la pobreza, la destrucción del empleo y el aporte necesario de la pandemia. En nuestro país el acceso a la tierra es un problema estructural, tanto para los sectores medios como para los populares.
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Un predio abandonado de 100 hectáreas en el Partido de Presidente Perón, sería quién oficiaría de disparador de una temática que necesita, de manera urgente, un debate profundo que pueda acercar la solución a uno de los puntos más flacos que integran la tan incómoda deuda interna. En las últimas horas el desalojo a 300 familias que ocupaban un predio en el barrio Los Pilares (Ciudad Evita), arrojó heridos y detenidos luego de una feroz represión policial. Destacando que en su gran mayoría quiénes se encontraban en la toma eran ancianos, mujeres y niños.
El acceso a la Tierra y la vivienda digna, que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley 26.737 consagra a todos los ciudadanos y ciudadanas, no se aplica y hasta el día de hoy no se garantizan estos derechos legales y constitucionales. Acudimos a un constante replicar de un discurso punitivista, criminalizador y estigmatizante que acorrala las acciones que nacen desde el hartazgo, movilizando la rancia costumbre de desempolvar la Constitución solo cuando de defender privilegios se trata.
Ni siquiera en el marco de una pandemia, que exigía como principal medida la descentralización de los grandes centros urbanos y conglomerados poblacionales para tratar de minimizar el riesgo de contagio del Covid 19 y muchas otras enfermedades amigadas con el hacinamiento. Pero claro, las tierras ociosas y la especulación se imponen por goleada ante la abulia de un Estado que no ha podido zanjar una deuda histórica para con aquellos que siguen mirando un derecho como si se tratara de una utopía.
No resulta nada grato participar de una toma, al igual que organizarse para perseguir reivindicaciones laborales, salariales y todo aquello que la Constitución contempla pero el Estado se encarga de no aplicar. El corrimiento incesante de la frontera agrícola ha terminado de darle el último empujón a las recurrentes migraciones internas, que buscando un porvenir que haga olvidar rápidamente el desarraigo, comienzan a ocupar las villas miserias de las grandes metrópolis.
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Ese es un claro ejemplo de las usurpaciones legitimadas tanto por el estado como por la justicia, papeles que sin sustento alguno, empujan el alambre y un posterior título sumamente leonino. Una historia escrita con sangre oprimida, millones de hectáreas tomadas de la manera más ruin e impiadosa, un desalojo de la dignidad que sigue vigente y que busca en lo que está sucediendo, tanto en Guernica como en Villa Mascardi, esconder bajo la alfombra el justo reclamo de aquellos que han sido privados de toda reivindicación posible.
Complejizar el debate sobre la concentración de tierras es premisa fundamental
Es muy común creer que la extranjerización de la tierra es solo patrimonio del sur de este país, si bien es imposible minimizar la injerencia «gringa» en esas latitudes. El mapa de la República Argentina denota a las claras que un porcentaje importante de nuestro suelo se encuentra en manos de propietarios de otros países, si bien es preciso destacar que en muchos casos la referencia de las mismas son empresas denominadas fantasmas, que habitan en guaridas fiscales.
En la Ley 26.726 se impuso un criterio coercitivo, teniendo en cuenta que las guaridas fiscales (en Delaware o Panamá ) operaban como mecanismos de elusión o evasión de impuestos o directamente el lavado de activos. Las sociedades allí radicadas se consideraban extranjeras por más que sus socios fueran argentinos. Lamentablemente y sin causar sorpresa alguna, el macrismo modificó esta lógica, contando con el aval de la AFIP y de la IGJ.
El primer informe sobre la extranjerización de la tierra, elaborado en 2015, arrojó que el 7 por ciento del total de campos extranjerizados, es decir 1.113.654,85 hectáreas, estaba en manos de empresas radicadas en guaridas fiscales. Con el decreto 820 se eliminaron los controles cruzados tanto de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP pensados para prevenir el lavado de activos o la elusión fiscal vía compra venta de tierras, operaciones comerciales que en general se efectivizan cash.
El primer relevamiento difundido en 2015, indicó que de un total de 266.707.361 hectáreas rurales, el 6,09 por ciento estaba en manos extranjeras (16.253.279). Pero el macrismo modificó los criterios de registración el 30 de junio de 2016, con el cual modificó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esto empujó a que al 31 de enero de 2019 el porcentaje haya bajado al 5,02 por ciento.
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Una manito notable para los extranjeros que especulan y para los amigos de las guaridas fiscales y de la evasión de impuestos, algo que bajo el gobierno de Cambiemos se transformó en una clara política de estado. La ley 26.737 tiene por objeto limitar la propiedad de las tierras rurales para los extranjeros. En consecuencia, establece la prohibición a las personas físicas o jurídicas extranjeras de ser propietarias de más de 1.000 hectáreas, cualquiera sea el lugar o ubicación.
La creación de un registro nacional de tierras rurales buscó realizar un relevamiento catastral y dominial para determinar la propiedad de las tierras rurales. Establece también una regla interpretativa que impide considerar, a los fines de la aplicación de los numerosos Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBIs) suscritos por la Argentina, la compra de tierras rurales como una inversión.
Es menester destacar que lo que impulsó la ley en su momento, era la concentración de la superficie rural extranjerizada (el 79,74%) que se encontraba en manos del 1,35% de los propietarios, es decir, solo 253 propietarios eran los dueños de ese suelo. Ese vital e imprescindible relevamiento que dejó expuesta una vez más a la gran problemática que atraviesa este país, también desnudó que más de un millón de hectáreas se encontraban inscriptas en paraísos fiscales.
Un decreto tan oscuro como las políticas de blanqueo de capitales que no hacen otra cosa que jugar al gato y al ratón con una discusión que, en lugar de sincerarse, busca ser minimizada por la agenda de los grandes medios de comunicación. La tierra en pocas manos, la producción concentrada y la especulación más miserable, siguen siendo los jinetes de un apocalipsis social despampanante. La Argentina debe correr definitivamente ese velo que la ha buscado caratular como una República pobre, cuando en realidad la que la obliga a caminar de rodillas, es la deshumanizante desigualdad que la atraviesa.
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Los datos son certeros, aproximadamente 65 millones de hectáreas de la República Argentina, casi el 40% del territorio es propiedad de 1.200 terratenientes. Así de explícito, un país que abraza a más de 40 millones de habitantes, tiene concentrada casi la mitad de su tierra, en solo 1200 (personas / empresas). En tanto, casi un 40 % de los pobladores de la República Argentina (cerca de 18 millones de personas) no tienen acceso a tierras o vivienda propia.
Una ecuación que revela la profunda inequidad reinante, cifras que pocas veces son replicadas por aquellos que prefieren hacer descender el intercambio de ideas a terrenos pantanosos, donde los que permanecen en escena son solo aquellos que propugnan alcanzar la tan ansiada dignidad. De esta manera es como se busca proteger los privilegios del 0,1 % en relación a los 18.000.000 de argentinos que no poseen ni tierra, ni casa propia. Por ello cuando se debata sobre las tomas de tierra, tratemos de que los argumentos no estén esmerilados por miradas y posiciones reduccionistas.
