Tras la masiva marcha, el Gobierno la calificó de «opositora» y aseguró que no busca “desfinanciar” el sistema universitario
Luego de la cuarta marcha federal que colmó las plazas del país, desde La Libertad Avanza (LLA) calificaron como “opositora” la manifestación popular. La Casa Rosada espera un fallo de la Corte.
El Gobierno nacional le respondió a rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron este miércoles para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento y calificó a la cuarta Marcha Federal Universitaria de “opositora”, al mismo tiempo que espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso extraordinario federal que la Casa Rosada interpuso a la decisión de judicial que la obliga a cumplir con norma aprobada por el Congreso para financiar el sistema universitario público.
A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza (LLA), la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que los actores del sistema universitario pretenden “instalar” en la sociedad el discurso de que el Gobierno busca “desfinanciar” las universidades públicas o bien “cerrarlas”.
“El Gobierno nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026”, señalaron.
Sin embargo, los recursos destinados al sistema de educación superior cayeron un 45% en relación a diciembre de 2023, cuando Milei asumió el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y definió como política de Estado alcanzar el superávit de las cuentas públicas a cualquier precio.
Por otra parte, desde LLA recordaron que durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández se les transferían los fondos a las universidades “hasta con cuatro meses de atraso” y con una inflación del “211,4% anual”, sin comparar la evolución de los recursos. “Esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, añadieron, aunque los recursos girados a las universidades nacionales sea menor al porcentaje de inflación.
“La Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”, sostuvo el partido del Gobierno.
Vale recordar que dos instancias judiciales le indicaron al Gobierno que debe dar cumplimiento a la ley, que fue vetada por el Ejecutivo y el veto rechazado por las dos Cámaras del Congreso nacional. Ante el incumplimiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que hoy comanda el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, acudió al Poder Judicial para solicitar una medida cautelar, que le fue otorgada.
Por último, desde LLA subrayaron que el presidente y su equipo no van a salirse del compromiso “inquebrantable” de sostener el equilibrio fiscal para poder hacer frente al pago de los intereses de la deuda externa, que el Gobierno amplió notablemente en dos años para financiar el déficit. A la vez, rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso “implicaría más impuestos” o mayor “emisión monetaria” y, por consiguiente, generaría “más inflación y más pobreza”.