Prácticamente todos los días sale a la superficie algo nuevo sobre la suciedad de la compañía granelera argentina Vicentin en bancarrota, la cual el Presidente de Argentina Alberto Fernández se propone expropiar para convertirla en una empresa viable manejada por el Estado. Entre las varias operaciones ilegales en las que estuvo metida la empresa se cuenta la triangulación financiera y operaciones de exportación de cereales a través de Paraguay y de Uruguay; separar reservas secretas en paraísos fiscales en esos dos países y en Panamá; evasión de impuestos; lavado de dinero, etc. Cuando menos cuatro miembros de la junta directiva de la empresa están vinculados a las operaciones en los paraísos fiscales extraterritoriales, y a la creación de compañías fantasmas en los mismos lugares, según informó el diario Página 12.
El director del banco estatal Banco de la Nación, Claudio Lozano, informó el 23 de junio en un seminario que “para la banca extranjera y para el Banco Mundial está claro que Vicentin ha llevado adelante maniobras absolutamente sospechosas”, y han iniciado una indagatoria en un tribunal de Nueva York para “averiguar las transacciones financieras del grupo porque no tienen dudas respecto al tema de que hay muchos dólares en el exterior con los que Vicentin podría honrar buena parte del endeudamiento que ha tomado”, según informó la agencia Telam. A quienes alegan que la expropiación que se propone le daría “malas señales” a los tenedores de bonos que están negociando con el gobierno la reestructuración de $65 mil millones de dólares en deuda, Lozano responde que la misma “Vicentin es una mala imagen para nuestro país en el exterior”.
Los carteles graneleros internacionales y sus aliados locales en la oligarquía terrateniente, así como la maquinaria política del ex Presidente Mauricio Macri, lo que defienden es precisamente esas prácticas corruptas de Vicentin, a nombre de la mentada “libre empresa”, y que no es más que un caso concreto de lo que ocurre en el comercio de los cereales dominado por los carteles a nivel internacional. En su intento de desacreditar o derrocar al Presidente Fernández, lo acusan de violar la Constitución y de asaltar a la “propiedad privada”.
Las caravanas de protesta organizadas el 20 de junio por la oposición neoliberal en varias provincias del interior, así como en los centros urbanos, no solo han hecho de la defensa de Vicentin un tema central, sino que también se lanzaron en contra de la exitosa cuarentena que ordenó Fernández para combatir la pandemia del coronavirus; lo acusan de totalitarismo y de restringir las libertades personales de los argentinos, solo porque se les prohíbe infectarse e infectar a otros. De esa manera las bandas neoliberales intentan manipular el obvio cansancio de la población luego de tres meses de cuarentena, para sus propios propósitos políticos y corruptelas económicas disfrazadas de “libre empresa”.
Fuente: https://espanol.larouchepac.com/es
