El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, dijo que «estamos en el camino del diálogo y ni en lo personal ni el Presidente Mauricio Macri, descalificamos nunca el número de los 30 mil» desaparecidos durante la dictadura militar.
De esta manera respondió anoche en América TV a la emisión de un programa de la Televisión Pública donde la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le dijo al funcionario que «es violencia haber sacado los pañuelos del Museo de la Casa de Gobierno y los tiraron vaya a saber dónde».
En este debate periodístico Avruj explicó: «Integramos un gobierno democrático, elegido por la ciudadanía, y ella (por Bonafini) es la que se puso enfrente diciendo que a este Gobierno hay que resistirlo y ahí comienza una serie de agravios».
Luego apuntó que «yo no me niego al diálogo y a la búsqueda de consensos. Sí debo aclararle a la señora Hebe que yo en ningún momento deslegitimé el número de 30 mil, el Presidente tampoco, el Jefe de Gabinete (Marcos Peña) lo dijo en el Congreso, el número de 30 mil lo que significa simbólicamente, ese agravio no lo hicimos jamás».
«Estuve varias veces hablando con Estela de Carlotto (titular de Abuelas de Plaza de Mayo), Claudio Morressi, el Equipo de Antropología Forense…, dialogamos con todos, pero cuando se plantea que se debe resistir al Gobierno… falta mucho para el diálogo», consideró Avruj.
«Lo de Madres es totalmente distinto de lo que hace Abuelas», diferenció y dijo que esta última agrupación «rinde perfectamente todo» el dinero transferido por las autoridades, e insistió en negar que hubiera «recortes» en su área.
Sostuvo, también, que los juicios contra los delitos de lesa humanidad «siguen porque son política de Estado» y que «no es cierto que al Presidente no le interesan los Derechos Humanos. Cuando habla de pobreza cero se habla de DDHH, cuando habla del encuentro de los argentinos habla de los DDHH. El análisis es de qué hablamos cuando hablamos de DDHH», explicó el funcionario.
En referencia a las prisiones domiciliarias de los represores durante la última dictadura cívico-militar, afirmó: «El código procesal marca que luego de los 70 años, todos los detenidos son pasibles de prisión domiciliaria».
