Este martes el juez federal Marcelo Bailaque decidió rechazar la competencia de la Justicia Federal en la causa de Gerardo Escobar. En base a esta resolución, el caso debe volver al fuero provincial, aunque se esperan las apelaciones de la querella y del fiscal federal Marcelo Di Giovanni ante la Cámara Federal.
En sus fundamentos, el magistrado adujo que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes para deducir una desaparición forzada de persona. Bailaque señaló que para que se contemple ese delito debe probarse la clandestinidad en la privación de la libertad y la participación del Estado.
Otro de los puntos analizados por el magistrado son, por un lado, el testimonio de una persona detenida en la comisaría 3ª, en el cual se hace referencia a la presencia de un joven en la seccional, a haber oído gritos y a haber escuchado la conversación de dos oficiales en la que se habla de un chico desaparecido. El juez considera que de esa declaración no puede inferirse que Gerardo Escobar haya estado en la comisaría 3ª. Y por otro lado, se concentra en la falta de un GPS en un móvil policial de la seccional 3ª y en el informe del médico forense que fijó la fecha de la muerte entre 6 y 8 días antes de su aparición y no fijó la causa, ubicando el deceso cerca de dónde se vio a Escobar por última vez con vida.
Con estos análisis, Bailaque concluyó que «se descartaría una privación de la libertad de una entidad tal que permita subsumir los hechos en la figura que pretende la Fiscalía y que previamente habría sido seleccionada por el Poder Judicial de la provincia para desligar su competencia”, y rechazó que la causa deba ser tratada por la Justicia Federal.
En relación a la decisión del magistrado, Guillermo Campana, representante de la querella, declaró a Conclusión que considera que la resolución de Bailaque es «absolutamente arbitraria y discrecional», y que reviste «mucha gravedad».
El letrado manifestó que: «Hay que considerar que este tipo de delitos son de acción continuada, y en esta resolución Bailaque tomó a algunas evidencias a discreción, y otras las descartó según un criterio totalmente arbitrario, y el análisis que realizó lo hizo en forma aislada, sin considerar la relación entre todos los hechos. Además -agregó- se basó en evidencias que no existen en el expediente, e ignora tanto la resolución del juez Caterina como los dictámenes de la Fiscalía Federal y de la Procuvin (Procuraduría de violencia institucional)».
Señaló además que en este caso están dados todos «los requisitos necesarios para que la Justicia investigue si se trató de una desaparición forzada, y que hay indicios que permiten presumir que así fue, por lo tanto debe investigarse».
Campana consideró además que esta decisión de Bailaque es claramente una «definición política», considerando que ignora la exhaustiva investigación que se realizó, y que omite los antecedentes de Franco Casco y el irregular accionar policial en un sinnúmero de casos. «Además –remarcó el abogado–, hay un punto tremendo en los fundamentos, y es que según él (por Bailaque), no reviste gravedad que una persona sea detenida en una comisaría sin que se registre su ingreso. Eso es de una extrema gravedad institucional», concluyó el letrado.
El abogado explicó que el viernes es el último plazo para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal, y tanto la querella, representada por Guillermo Campana y Gustavo Vera, como el fiscal federal Marcelo Di Giovanni y la Procuvin, realizarán sendas presentaciones contra al resolución de Marcelo Bailaque.
Gerardo Escobar desapareció el 14 de agosto del año 2015 luego de ser visto por última vez en el bar La Tienda, y fue encontrado flotando en el río una semana después. Según se ve en las cámaras de seguridad de al zona, «Pichón» fue golpeado por uno de los patovicas que ahora se encuentra detenido. Las líneas de la investigación fueron llevando a una teoría que complicaría a tres patovicas de La Tienda y dos policías que realizaban adicionales en el boliche, según la cual el joven fue detenido, golpeado y arrojado al río con la complicidad de los integrantes de la fuerza policial. De allí que la querella se centró en pedir el traslado de la causa al fuero federal. Mientras tanto, los cinco imputados permanecen con prisión preventiva.
