El juez federal Sergio Torres citó a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el delito de defraudación vinculado a la empresa Lafsa.
En la investigación se detectaron maniobras por unos 37 millones de pesos por las que deben dar explicaciones en los tribunales, De Vido, Jaime, los integrantes de la subsecretaria de Transporte Aerocomercial, los directores de Lafsa y los empresarios beneficiados.
Además de De Vido y Jaime, deberá pasar por los tribunales federales de Retiro el ex funcionario Ricardo Cirielli (fue subsecretario de Transporte Aerocomercial) y Nicolás Scioli, hermano del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien integró el directorio de Lafsa, entre otros.
La causa es del año 2005 y ahora son citados Jaime para el 22 y De Vido para el 26 de septiembre, así como el ex subsecretario de Transporte Aerocomercial Ricardo Cirielli y el hermano del ex gobernador Daniel Scioli, Nicolás, al haber integrado el directorio de Lafsa, entre otros.
La empresa Lafsa se creó como plan de contingencia ante los despidos de Lapa y Dinar tal cual con vocación de permanencia con «vocación transitoria en la órbita estatal» pues estaba previsto
que a los 180 días se privatizara.
«Aprovechándose de ese particular contexto, el universo de todos quienes conformaron u ocuparon el Directorio y las Gerencias de la firma Lafsa, en connivencia con quienes dirigían y/o se
desempañaban en los organismos públicos designados como autoridad de aplicación desplegaron un sin número de maniobras defraudatorias a través de la administración infiel del peculio de
la firma que gestionaban, con el afán de beneficiarse ellos mismos y/o a diversos terceros», según Torres.
Esas maniobras tuvieron que ver con la «omisión de ejercer el control interno o externo y/o del incumplimiento de deberes legales y contractuales vinculados con la elucubración, suscripción y ejecución del proyecto de negocios de Alianza comercial con Southern Winds SA» puesto que se entregó recursos del Estado pero no existieron «retorno de monto alguno en concepto de resultado de la explotación».
«Se destaca que los elementos incorporados al expediente dan cuenta de que nunca se habría elaborado ni hecho un seguimiento pormenorizado de la estructura de costos que conllevaba la implementación y ejecución del referido acuerdo», sostuvo el magistrado en la citación a más de 20 personas en el expediente.
Para el juez hubo una «deficiente implementación del Proyecto de Negocios, intencionalmente encarado sólo de modo aparente y con el único afán de justificar parte de la actividad rentada de los
directivos, gerentes y de algunos prestadores independientes contratados en el marco de la misma, que sólo implicó erogaciones para la firma estatal y que nunca alcanzó a operar ningún vuelo ni
explotar ninguna ruta aérea ni a ejecutar ninguna otra actividad comercial de aerotransporte propia».
Otro de los hechos por los cuales citó a los ex funcionarios, es por «la infiel administración de los recursos públicos asignados a la firma durante su etapa liquidatoria durante la que se mantuvieron y adquirieron servicios rentados innecesarios, tanto de dependientes como de terceros».
