Los cinco policías de la seccional 19ª acusados de encubrimiento, pedidos de coima, robos y secuestro extorsivo recibieron fueron sentenciados por el tribunal compuesto por los jueces Hernan Postma, Mónica Lamperti y Hebe Marcogliese, de la Sala N°2 de la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales Provinciales de Rosario.
De esta forma, el comisario Guillermo Ruiz Díaz y el subcomisario Daniel Farini fueron condenados a 16 años de prisión; el subinspector Víctor Luis D’Angelo, a 12 años; el suboficial principal José Antonio Galván, a 9, y la suboficial Lucrecia Bustos, a 6.
Además de la prisión, a los sentenciados se les impuso una multa entre los 10 mil y 20 mil pesos, y fueron inhabilitados por diez años para ocupar cargos en la función pública.
Los Fiscales Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, acusaron a los policías de Asociacion Ilícita, Incumplimiento de los deberes de funcionario público, Encubrimiento, Extorsión y Allanamiento Ilegal, entro otros. Los fiscales fueron asistidos por el equipo de litigación de la Fiscalía Regional Segunda.
Ruiz Díaz, Farini, D’angelo y Galván fueron imputados por los fiscales por tres hechos ocurridos los días 16 y 31 de marzo de 2014 y 27 de junio por secuestro, extorsión, robo, incumplimiento de deberes, encubrimiento agravado, todo agravado por ser funcionarios públicos.
Los efectivos fueron imputados el pasado 25 de agosto de 2014 de ocho episodios graves con distinto grado de participación, en una audiencia presidida por el juez Carlos Leiva.
Los casos
El 16 de marzo de 2014, vecinas de Dean Funes al 5500 denunciaron una balacera y apuntaron a un joven que se movía en moto. En esa circunstancia los suboficiales Sebastián F. y Eduardo Gastón C., de la comisaría 19º, habrían omitido cubrir el hecho y notificarlo a la fiscalía de turno. No obstante, y según testimonios que constan en el expediente, se presentaron en el Hospital Carrasco donde abordaron a un herido sospechado de participar del incidente. A través de sus familiares, le habrían pedido dinero para no armarle una causa penal.
En otra oportunidad, los policías, unidos a José Antonio Galván y con el aval del comisario Guillermo Ruiz Díaz, allanaron una casa de Saavedra al 6000 donde detuvieron a Leandro Q. y secuestraron una moto Honda. Según la pesquisa, en la misma comisaría el padre del detenido dijo que le pidieron 30 mil pesos, que luego se redujeron a 28 mil, para favorecer la situación de su hijo.
A José Antonio Galván también le achacan extorsionar a la madre de un hombre involucrado en un delito a quien le dejó un papel con su apodo para que lo ubicara cuando juntara los 13 mil pesos que garantizarían la libertad de joven.
A Sebastián Farini también se lo acusó de falsear un acta de procedimiento el 29 de marzo, cuando consultó a un fiscal por un detenido por portación de armas que ya había sido acusado por otro delito y estaba a punto de ir a audiencia imputativa. Esa persona fue obligada a entregar unos 2.000 pesos con la promesa de «no quedar pegado» en una causa.
Otro caso fue el 31 de marzo, cuando los efectivos fueron en un móvil oficial a hacer un allanamiento sin orden en un supermercado de Campbell y Maradona. El dueño del comercio dijo que los policías ingresaron a un área privada del inmueble, usado como vivienda, donde hallaron una caja con medicamentos.
Con el argumento de que vendía fármacos sin autorización, amenazaron al comerciante con iniciarle una causa si no pagaba 25 mil pesos, cifra que se duplicó cuando el damnificado fue a la comisaría a pedir explicaciones. Como no accedió, se ordenó trasladar bebidas alcohólicas, comestibles y artículos de limpieza hasta la seccional, lo que se hizo en el mismo patrullero. Entonces intervino el hijo del comerciante, a quien luego de aportar 12 mil pesos le reintegraron parte de la mercadería.
