Tal como lo ratificara el flamante presidente estadounidense Donald Trump durante su último discurso ante el Congreso, la promesa de mano dura en inmigración parece cumplirse al pie de la letra y los argentinos parece que tampoco están exentos a las nuevas reglas migratorias.
Es así que recientemente dos argentinos, no vinculados entre sí, fueron deportados del país del norte.
El primero de los casos se trata de un curador de arte con residencia legal en Estados Unidos quien denunció que fue detenido e interrogado en un aeropuerto norteamericano y, tras 14 horas, deportado a Buenos Aires. El segundo caso corresponde a una joven cordobesa que vivía en el país desde los 7 años junto a su familia y tras solicitar la renovación del permiso, la detuvieron y ahora se encuentra a la espera de ser también deportada.
Los casos, uno por uno
Juan García Mosqueda
Juan García Mosqueda, un reconocido curador de arte, voló de Buenos Aires a Nueva York, la ciudad donde vive legalmente desde hace diez años y donde se encuentra su galería, Chamber, una de las paradas frecuentadas por la vanguardia cultural que domina el moderno barrio de Chelsea, en el suroeste de Manhattan. Ni bien aterrizó en el aeropuerto neoyorquino JFK, guardias fronterizos lo detuvieron y escoltaron hasta una sala de interrogación.
García Mosqueda no explicó cuál fue el argumento que le dieron los guardias fronterizos estadounidenses para negarle el ingreso al país o, siquiera, si le dieron uno.
«El proceso fue deshumanizante y degradante en todo momento», contó en una carta abierta publicada hoy por su galería neoyorquina en su cuenta de Instagram.
«Me interrogaron bajo juramento y me amenazaron con la posibilidad de prohibirme la entrada al país durante cinco años. El guardia fronterizo me negó el derecho a un abogado y argumentó con arrogancia que los abogados no tienen ninguna jurisdicción en las fronteras», continuó.
«Durante las próximas e insorportablemente dolorosas 14 horas, me prohibieron el uso de cualquier tipo de comunicación y el acceso a mis pertenencias, que fueron ferozmente examinadas sin ningún permiso. Me negaron comida. Me cachearon tres veces antes de poder ir al baño, en donde no tuve ninguna privacidad y estuve bajo vigilancia constante de un guardia», agregó.
El curador de arte dirigió esta carta a todos sus amigos estadounidenses y les pidió que «contacten a su congresista y presionen por una reforma migratoria».
«Presionen por un sistema que no aliene, intimide y ataque a los extranjeros, sino que por el contrario les dé la bienvenida e incentive a ciudadanos de todo el mundo a seguir invirtiendo y contribuyendo a su hermoso país», instó el argentino.
A los 29 años, García Mosqueda estudió en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, trabajó en el departamento de arquitectura, diseño del museo MoMA de Nueva York y formó parte del equipo del conocido diseñador estadounidense Murray Moss.
En 2014 fundó la galería Chamber en el barrio de Chelsea, un espacio que combina una fachada futurística con un interior ecléctico que busca recordar los antiguos salones de estar. El local no es fácil de encontrar porque se encuentra justo debajo del paseo aéreo que recorre parte del suroeste de Manhattan, The High Line.
Hoy, el curador y fundador de la galería tenía planeado oficiar de anfitrión para la apertura de su nueva exposición, Domestic Appeal. Pese a sus esfuerzos, no podrá asistir. Está en Buenos Aires «intentando tramitar su reingreso a Estados Unidos», según una declaración escrita que envió su galería en Nueva York.
En este texto, García Mosqueda agradeció «el tremendo apoyo que recibió» desde que publicó su carta abierta, «no sólo de la comunidad de diseño en Nueva York, sino de gente de todo el mundo».
«Mi razón para compartir mi experiencia fue echar luz a la situación actual que enfrentan inmigrantes de todo el mundo», explicó desde Buenos Aires, donde vive su familia, dueña de Casa Cavia, una conocida casona de Palermo completamente restaurada donde funciona un restaurante, un bar, una florería, una perfumería y hasta una editorial.
El curador argentino explicó en su comunicado que no hablará con la prensa mientras intenta tramitar su reingreso a Estados Unidos, por lo que los detalles de su caso aún se desconocen.
Sin embargo, el joven artista fue muy claro al vincular su detención y deportación a la avanzada anti inmigratoria que lanzó Trump ni bien asumió la Presidencia, el 20 de enero pasado.
Tras el fallido veto inmigratorio contra países de mayoría musulmana, Trump intentó impulsar su agenda anti inmigratoria con varios memos internos del Departamento de Justicia, los cuales, sin cambiar la actual Ley de Inmigración y Nacionalidad, habilitaron una multiplicación de las detenciones y deportaciones de inmigrantes sin papeles, y aumentaron el número de fuerzas de seguridad fronterizas.
Además, medios estadounidenses anunciaron hoy que en los próximos días el mandatario republicano firmará un nueva versión de su veto inmigratorio que volverá a prohibir el ingreso de cientos de miles de extranjeros al país, una medida que opositores, activistas civiles y cientos de miles de ciudadanos ya prometieron combatir.
Daniela Vargas
Daniela Vargas, una cordobesa de 22 años en proceso de renovar su permiso para permanecer en Estados Unidos de manera legal, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), poco después de participar en una conferencia de prensa en la que exhortó al presidente Donald Trump a proteger a personas en su condición.
La joven se encuentra en los Estados Unidos desde los siete años con su familia y además de ellos fueron detenidos su padre y su hermano, a la espera de ser deportados.
Vargas es una «dreamer», tal como se conoce en Estados Unidos a los jóvenes extranjeros en su situación legal, fue detenida por agentes del ICE que obligaron a una amiga a detener su vehículo en una autopista, cuando la llevaba.
Poco antes, la chica había estado con una coalición de miembros del clero, abogados de derechos civiles y defensores de inmigrantes en el Ayuntamiento de Jackson, Misisipi, informó Nathan Elmore, uno de sus abogados.
«Una vía a la ciudadanía es necesaria para los destinatarios de la DACA (siglas en inglés del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), pero también para las otras 11 millones de personas indocumentadas con sueños», declaró Vargas en referencia al programa que fue promulgado por el presidente Barack Obama y que Trump ha insinuado que mantendrá.
El más reciente estatus de Vargas en el programa DACA venció en noviembre de 2016, y ella entregó la solicitud para renovarlo a mediados de febrero, una vez que pagó la cuota de solicitud de 495 dólares.
En un par de ocasiones anteriores había recibido una protección de dos años, en diciembre de 2012 y en noviembre de 2014, afirmó Abigail Peterson, otra de sus abogadas.
Su padre, Daniel, de 55 años, y su hermano, Alan, de 26, habían sido detenidos a mediados del mes pasado afuera de su casa en la ciudad de Jackson, en el estado de Misisipi cuando iban a trabajar, ambos como ella estaban en el país sin autorización legal.
Daniela se ocultó durante horas en un armario, hasta que los agentes la encontraron y la esposaron. Luego, fue liberada. «Temí por mi vida», aseguró la joven.
Un vocero de ICE, Thomas Byrd, dijo a la prensa que la detención de Daniel y Alan formó parte de las «operaciones de aplicación de la ley» de la agencia migratoria.
Daniela tenía siete años cuando su familia dejó Córdoba en medio de la fuerte crisis económica que estalló con la quiebra financiera de fines de 2001 y llegaron a Estados Unidos con visas de turistas. Cuando los visados expiraron se quedaron, luego sus padres se divorciaron. Ella culminó sus estudios de secundaria en 2013, se matriculó en un colegio comunitario e inició sus estudios en la Universidad del Sur de Misisipi, con el propósito de convertirse en profesora de matemáticas.
Al haber llegado cuando era una niña, Daniela calificó para el programa de acción diferida que el gobierno de Barack Obama implementó por decreto para los jóvenes indocumentados conocidos como «dreamers».
Vargas se anotó en el programa, que otorga un permiso de residencia y de trabajo temporal. Ese permiso ya expiró, y espera aún la aprobación de la renovación.
Su abogada indicó que explicó su situación a ICE, pero le dijeron que debía permanecer detenida.
Trump ha ampliado el universo de extranjeros indocumentados sujetos a deportación, al ordenar a las agencias de seguridad que deporten no sólo a criminales condenados por un delito serio, sino también a personas acusadas por delitos menores, incluso si están sospechadas o acusadas de haber cometido un delito, sin haber sido condenadas.
Foto: ilustrativa
