En el marco de una serie de medidas que vienen adoptando el Colegio de Magistrados de Santa Fe a raíz de los múltiples ataques dirigidos a miembros del Poder Judicial, este martes se firmó un convenio de cooperación entre la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y la Federación Judicial con la Asociación de Magistrados Brasileños y para poner en marcha la implementación del protocolo de seguridad para magistrados vigente en el país vecino y adoptado por la Federación Latinoamericana de Magistrados.
Del acto participaron Gustavo Salvador, presidente del colegio de Magistrados de Santa Fe, Walter Barone, presidente de la Federación Latinoamericana de la Magistratura, Ariel Ariza, titular de la FAM y el doctor Jose Cerqueira Bremer, juez de la ciudad de Curitiba en Brasil, y responsable del diseño e implementación del diseño y protocolos de seguridad para magistrados del vecino país.
«En el abordaje de esta problemática tenemos que mostrarnos unidos, no sólo desde el espectro de los magistrados y funcionarios de la provincia, en consonancia con nuestra cabeza del Poder Judicial que es la Corte Suprema de Justicia, sino con todos los estamentos del Estado», manifestó Gustavo Salvador.
Salvador enfatizó que lo que se vive en en estos días es «una situación inédita en la provincia». «Nosotros tratamos que tornarla operativa y de canalizarla a través de esta labor que estamos llevando adelante», explicó el magistrado y remarcó que «la idea del Colegio es que esto sea un avance en el diseño de políticas de seguridad en materia de la magistratura y la función judicial»
«Lo que se va a exponer es como esta misma problemática fue abordada en Brasil, primero en el estado de Paraná y luego en todo el país»
En ese sentido, Salvador remarcó: «Lo más importante es que tiene que manifestarse un trabajo en conjunto, como de hecho estamos haciendo, son los operadores judiciales conjuntamente con los otros poderes del Estado, particularmente con el Ejecutivo, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia quienes tienen que llevar adelante el diseño de protocolos para que la independencia en el ejercicióde la magistratura no se vea interferida por sectores de poder que intentan menoscabar esta garantía constitucional».
Por su parte, Cerqueira relató la experiencia vivida en su país durante el año 2015 y explicó en qué consisten esos protocolos de seguridad. En Brasil, hubo lamentablemente una gran cantidad de casos de ese tipo. Por eso en el 2015 la Federación Latinoamericana de Magistrados aprobó un protocolo mínimo de seguridad que deberían ser seguidos por los países que son miembros de la misma» señaló.
A continuación explicó: «Los protocolos que ofrecemos son de varios niveles, que van desde un manual de orientación para los jueces para saber como actuar al día a día. También hay medidas inmediatas que pueden ser adoptadas según el nivel de riesgo específico en el caso concreto y también se recomienda la creación de una oficina de inteligencia para el análisis de lo que pasa en la criminalidad para intentar prevenir con antelación lo que puede pasar».
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Medidas inmediatas de protección
Al margen de los estudios relativos a la existencia y creación de órganos de protección, es importante referir cuáles son las medidas actualmente disponibles para garantizar, de inmediato, la seguridad de los jueces, tan pronto como ocurran amenazas que busquen neutralizar acciones o mismo eliminar al juzgador.
En el caso del Tribunal de Justicia de Paraná, se puede accionar a cualquier momento la Casa Militar, que se comunicará con el juez, sin ninguna espera, para contacto preliminar con la persona amenazada, verificación del grado de peligro y elección de las providencias de emergencia inmediatamente a ser tomadas para la protección del juez.
-De acuerdo con la gravedad del acto, se hará la retirada del juez del lugar donde trabaja.
– No siendo caso de alejamiento, la Casa Militar del Tribunal entrará en contacto con la policía local, para hacer:
1) escolta o acompañamiento personal del juez, pudiendo abarcar a sus familiares.
2) También serán enviados policías al lugar de trabajo y residencia del juez.
3) Dependiendo del grado de amenaza, se ofrecerán chalecos a prueba de balas.
4) Igualmente, de acuerdo con la gravedad del acto, estará disponible un coche blindado al juez, para su locomoción, disminuyendo considerablemente los riesgos.
-En seguida, el equipo de Inteligencia de la policía se desplazará al local, para hacer un análisis detallado de riesgo, con el objetivo de verificar el grado de peligro, recomendando el mantenimiento de las medidas determinadas, su ampliación, disminución o modificación, dependiendo del grado de riesgo comprobado.
-Referido equipo de Inteligencia, si fuera el caso, requerirá orden judicial para la realización de investigación (interceptación telefónica, búsqueda y aprehensión, detención de los sospechosos, etc.).
-También podrá solicitar la remoción del detenido que, desde la cárcel, esté amenazando al juzgador. Hará además un monitoreo permanente del juez y del grado de riesgo y vulnerabilidad a que esté expuesto.
– El Director del Departamento de Seguridad de la Asociación de los Jueces de Paraná acompañará todo el procedimiento de protección ofrecido al juez amenazado, pudiendo actuar en ese proceso, inclusive para ampliar las medidas, si necesario.
