Por primera vez, autoridades recibirán este martes al nuevo sindicato de personal de plataformas (APP), la primera organización de este tipo en América Latina que busca representar a más de 100.000 trabajadores en Argentina.
Se trata de los repartidores y choferes denominados “independientes” por las empresas, que hoy carecen de cobertura por accidentes laborales, aportes jubilatorios y beneficios reconocidos en los convenios colectivos y leyes del trabajo, pero cuya potencial afiliación daría lugar a un gremio con un volumen de peso similar al de los empleados bancarios y al de los maestros bonarenses del Suteba, el mayor sindicato educativo del país.
“Este martes tenemos nuestra primera conversación con autoridades del Gobierno y por la tarde será nuestro lanzamiento internacional”, confirmó a iProfesional Roger Rojas, el secretario provisorio de APP, quien prefirió mantener en secreto el área que los recibirá en resguardo de las negociaciones.
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Con 34 años, el joven abogado llegó a la Argentina en busca de trabajo hace siete meses y es uno de los miles de venezolanos que hoy compone el 80% de la fuerza laboral de los delivery virtuales, como la colombiana Rappi y la catalana Glovo, dos multinacionales con cerca de 20.000 repartidores en la Ciudad de Buenos Aires. Uber, en tanto, ya superó los 50.000 choferes.
Las negociaciones que comenzarán este martes tendrán lugar luego de que el miércoles la Secretaría de Trabajo iniciara el trámite del pedido de inscripción gremial presentado el día previo, un paso necesario para obtener su reconocimiento formal.
Los reclamos de APP cuentan con el guiño de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las centrales sindicales globales, que presionan dentro del G20 para sindicalizar y formalizar a los trabajadores 4.0.
“Queremos poner reglas, no decimos si estamos o no en relación de dependencia, pero se está desviando el uso de las tecnologías con la precarización”, explicó Rojas, especialista en derecho laboral internacional.
En Trabajo reconocen que hay una “demora” en regular el sector, uno de los pocos que en plena recesión registra un crecimiento exponencial alentado por el auge del comercio electrónico, el supuesto vacío legal al que apelan las firmas y el aumento del desempleo junto con la informalidad.
Los funcionarios analizan desde hace meses cómo encuadrar a las plataformas en vistas del creciente nivel de conflictividad judicial y laboral: desde su desembarco en marzo pasado, Rappi enfrentó en julio la primera huelga de su personal; mientras que Uber, instalada desde 2016 en el páis, fue condenada en septiembre a pagar multas de $60.000 y fue inhabilitada por dos años a organizar actividades comerciales en el espacio público.
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Sin apelar por ahora a la vía judicial, el objetivo de APP es organizar a los trabajadores que transportan productos y personas, y lograr el reconocimiento de su actividad laboral. Si bien las empresas alegan que no existe un vínculo laboral con sus “emprendedores” y que cumplen los “requisitos” legales y tributarios, los bicirepartidores aseguran que las mismas firmas que les prometen en sus capacitaciones ser sus propios jefes y manejar sus tiempos en la práctica les fijan tarifas unilaterales, los obligan a pagar monotributo y no les garantizan un salario y condiciones de trabajo preestablecidas, por lo que pueden llegar a trabajar 10 horas por jornada durante siete días por un ingreso mensual en mano de $10.000.
Desde su presentación al público, la organización sigue sumando adhesiones y ya mantuvo contactos con líderes de Chile, Colombia y México, en donde también se registraron protestas. Con todo, desde APP reconocen que Argentina se convirtió en un caso pionero por su “historia de lucha y sindicalismo”.
A nivel internacional la jurisprudencia se divide entre dos modelos: el de reconocimiento cuasi pleno de derechos laborales, como es el caso de los choferes de Uber en Inglaterra; y el de Italia o Madrid, en donde la Justicia falló el mes pasado a favor de Glovo al desconocer la relación laboral con sus “glovers”, la denominación utilizada por la empresa para referirse a los repartidores.
Modelo sindical 4.0
En busca de reconocimiento oficial, la estrategia seguida por el nuevo gremio es la de invocar la “libertad sindical”, el derecho a la sindicalización consagrado por la Declaración universal de los Derechos Humanos, las leyes laborales argentinas y los convenios firmados con la OIT.
El organismo creado por la ONU viene monitoreando de cerca el fenómeno en el país, en donde encuestó a trabajadores de la actividad y ya se reunió con representantes de APP. Y hace dos semanas llamó a “mitigar los efectos negativos” de las nuevas tecnologías, según la declaración acordada por la conferencia americana en la cual la CGT y la CTA cuestionaron la “precarización laboral” en la actividad, tal como reveló iProfesional.
La irrupción de APP implica un desafío para el Gobierno. Desde 2016, Triaca frenó la inscripción de nuevas entidades sindicales en un guiño al “monopolio sindical”, el modelo peronista de una organización única por rama de actividad cuya defensa es compartida por el establishment sindical y empresario frente a la aparición de experiencias como los “metrodelegados”.
En el último tiempo, sin embargo, por la presión sindical, el Gobierno decidió avanzar en negociaciones con el canillita Omar Plani y el motoquero Marcelo Pariente, ambos encolumnados en la CGT, quienes de esa manera lograron incorporaron a sus convenios la paquetería digital y mensajería virtual, respectivamente.
En la misma sintonía, el Gobierno porteño de Horacio Larreta creó una comisión de estudio integrada por funcionarios, jueces, empresarios y sindicalistas para elaborar recomendaciones sobre el funcionamiento de las plataformas 4.0.
Del espacio participan Glovo, Rappi y los motoqueros liderados por Pariente, que ya afiliaron a 1.000 trabajadores de Pedidos Ya. Tal como adelantó iProfesional, la plataforma uruguaya accedió a formalizar a los repartidores que terceriza a través de restoranes, a diferencia de las competidoras que los contratan en forma directa.
La idea de la comisión ahora es invitar al juez de Madrid que falló en contra del reclamo de los trabajadores del delivery virtual, pero por lo pronto no tienen previsto convocar a APP. “Invitarlos sería darles un aval cuando todavía no son un sindicato y la Secretaría de Trabajo tampoco los reconoció”, señalaron a este medio fuentes de la Ciudad.
El PRO, en tanto, se reunió la semana pasada en la legislatura porteña a una delegación de taxistas encabezada por José Ibarra, referente de la versión oficialista de las 62 organizaciones con llegada directa a Triaca y a la titular de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los titulares de la comisión de Justicia y la de Transporte, Daniel Presti y Cristina García, se comprometieron a no apoyar el proyecto de ley impulsado por el legislador Marcelo Gouman (del espacio de Martín Lousteau) que busca regular el servicio de Uber en la Ciudad. Y García además -según reveló BigBang- presentó luego un proyecto para multar a los choferes de esa aplicación con hasta $200.000.
El debate sobre la regulación de la autodenominada “economía colaborativa” tendrá otro capítulo clave a partir del 30 de noviembre, cuando se reúna en Argentina la cumbre de líderes del G20.
A principios de septiembre, previo a la reunión global de ministros de Trabajo, Triaca recibió las recomendaciones del Labour 20, el grupo de afinidad constituido por los sindicatos del G20 del que participa el «canciller» de la CGT Gerardo Martínez, entre otros representantes de 14 países. En el documento, reclamaron el ejercicio del derecho a la sindicalización, el respeto de las normas laborales y la garantía de la protección social.
Presión en el G20
En su diagnóstico, los sindicalistas del G20 sostienen que “muchos proveedores de plataformas están saltándose los límites normativos basándose en su escala, sin modelos de negocio masivo, derivando en que los trabajadores/as quedan atrapados en formas de trabajo precario”.
Por ello, reclamaron a los ministros de Trabajo políticas destinadas a:
-Hacer respetar los derechos laborales y la legislación laboral nacional, y permitir a todos los trabajadores de plataformas organizarse y tomar parte en el diálogo social y en la negociación colectiva, revisando las leyes de competencia y definiendo las responsabilidades de los proveedores de plataformas, así como las relaciones de empleo.
-Garantizar la competencia en igualdad de condiciones en los mercados digitales y, en caso necesario, exigir la presencia de agentes locales para erradicar toda actividad económica disimulada o encubierta, y condicionar el acceso al mercado según criterios de participación equitativa en la economía nacional.
-Reforzar los sistemas regulatorios para garantizar que se cumplan las obligaciones de las empresas hacia el Estado (impuestos), los sistemas de protección social (contribuciones sociales) y la formación (trabajadores).
-Garantizar que los trabajadores/as de plataformas y otros que, en la práctica, dependen de un solo empleador o de un grupo de empleadores tengan derecho a contratos de empleo y a una remuneración equivalente al menos al salario mínimo y que cumplan con los estándares del sector.
-Garantizar que los trabajadores/as de plataformas estén cubiertos por las normas de salud y seguridad en el trabajo y dispongan de una seguridad social adecuada, que incluya pensiones, subsidios de desempleo y cobertura del seguro médico, formación, licencia remunerada mínima de baja por enfermedad, vacaciones pagadas y licencia parental, cobertura de servicios formales de cuidados, y se garanticen sus derechos a organizarse libremente y a emprender acciones colectivas.
